CSIF exige que la agresión a un profesor se condene con hasta tres años de cárcel

león

El sindicato CSI-CSIF achaca a «los cambios sociales y la dimisión de la familia como primer agente educador de los niños» que el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios en la comunidad «esté muy por encima de la media europea».

Una circunstancia que deja aún latente en las aulas de la provincia un problema de concflictividad, con su punto de mira en el profesorado, que ha perdido la autoridad y parte del compromiso social que les respaldaba. «La denuncia de este tipo de incidentes por los medios de comunicación fue importantísima para que actuaran las administraciones», explica Hipólito Riesco Álvarez, presidente autonómico de la agrupación, quien asegura que estas intervenciónes, unidas al cambio de posición de la Fiscalía, que ya considera las agresiones como atentado a funcionario público, ha servido para reducirlas de manera drástica.

Pero no es suficiente. Castilla y León registró «629 casos graves de violencia escolar desde el año 2004, cien en la provincia», lo que demuestra como el problema aún permanece de manera aislada en los centros escolares. Para Csif una de las soluciones pasa por endurecer la sanción a quien perturbe el desarrollo docente de colegios o institutos. «Es necesario que se apliquen los artículos 550 y 551 del Código Penal» para que estas conductas no queden impunes y «estén castigadas con penas de uno a tres años de cárcel».

En este sentido, también exigen medidas coercitivas para corregir los casos de baja intensidad que, igualmente, preocupan a la comunidad docente, «porque son más difíciles de detectar y tienen sanciones muy leves», argumenta Riesco, quien confirma como producen «la pérdida de la estabilidad psíquica de los profesionales de la enseñanza, causan la mayoría de las bajas y son responsables de la actual desmotivación».

No obstante, y a pesar de que el panorama dibujado no invita al presumir de las administraciones, CSI-CSIF confía en que existe una solución que pasa por «dignificar la función docente». Con esta premisa como base, el sindicato construye una campaña reivindicativa, lanzada a nivel nacional, que destila el esfuerzo por alcanzar el «reconocimiento de la autoridad del profesorado, la piedra angular del sistema educativo».