Picos de Europa se refunda hoy tras catorce años de caos administrativo

León

El Parque Nacional de Picos de Europa será refundado hoy de manera simbólica con la firma de un convenio de colaboración entre las tres autonomías con competencias en la zona para coordinar la gestión en el espacio protegido, envuelto en un caos administrativo desde que fuera creado en 1995, no sin polémica. Los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, y de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, firmarán a las doce de mediodía el pacto que desentrañará la planificación futura del conjunto del parque, orientada a «respetar las singularidades locales» y «garantizar la unidad ambiental» de Picos, pero lo cierto es que los alcaldes de los municipios enclavados en el espacio natural -"los vecinos de Posada y Oseja son los únicos que viven dentro de un parque nacional-" no han sido convocados al acto ni consultados para participar en los ámbitos de gestión que se crearán tras la cesión de las competencias por parte del Estado, una realidad que se aproxima con la firma hoy del último trámite administrativo previo al traspaso.

El convenio, que ya contó con el dictamen favorable del Senado en noviembre del 2006, contempla la creación de nuevos órganos de gestión, entre los que destaca el comité técnico y la figura del director-conservador de turno para todo Picos de Europa. Cada comunidad autónoma nombrará un codirector que tendrá la responsabilidad de la administración y ejecución de las actividades del parque en su respectivo territorio. De forma rotatoria, con una periodicidad anual, un co-director ejercerá las funciones de director-conservador, a efectos de representatividad de este espacio en el conjunto de la red.

Un espacio, tres codirectores

La gestión coordinada recaerá en las personas que designe cada consejería de Medio Ambiente. En sus manos queda la elaboración de los instrumentos de planificación con los que deberían contar los municipios desde hace 14 años, como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que prevé la zonificación del parque para establecer diferentes niveles de protección, el Plan Rector de Uso y Gestión que establecerá los criterios generales de uso y ordenación y la regulación de las actuaciones a llevar a cabo dentro de Picos y el Plan de Desarrollo Sostenible que definirá las infraestructuras e inversiones públicas necesarias en la zona.

Asimismo se creará un patronato, como órgano de participación de la sociedad. En él se supone que estarán representados las administraciones públicas y aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque.

«Se deja fuera al Estado»

Precisamente son alcaldes y colectivos ecologistas los que más critican el contenido de este pacto. Más de una veintena de colectivos y entidades de las tres autonomías implicadas han analizado el documento y su conclusión es que «va en contra del espíritu y texto de la propia Ley de Parques Nacionales, al no reconocer en ningún momento el papel colaborador, evaluador y promotor de proyectos que la normativa reconoce a la Administración del Estado», según recogen las conclusiones del encuentro mantenido por los grupos conservacionistas para valorar el citado convenio.

Desde su punto de vista, la figura de los codirectores «es incompatible» con una gestión uniforme y no se diferencia en sus funciones de la del director-conservador, salvo en lo que respecta a la representación exterior del parque nacional. Reprueban, además, que los acuerdos en el seno de la Comisión de Gestión se realicen por mayoría, aunque si la votación sólo afecta a una autonomía, se requiere el voto favorable de esta comunidad. Para los conservacionistas este sistema implica «conceder un derecho de veto» a cada comunidad respecto a actuaciones y proyectos que no sean de su agrado para su territorio. «El convenio supone una cesión a los principcios que han perseguido el menor nivel de protección».