La oposición a que las escuelas infantiles sean municipales llega el lunes a las Cortes

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El temor se constata ya entre los padres, empleados o personal adscrito a los centros de educación indfantil de León, pendientes ahora de un cambalache en la cesión de competencias a las administraciones municipales a través del pacto local, que el respaldaron PP y PSOE y que ahora ha descubierto un malestar social que se revela con más de diez mil firmas en la provincia de León -”40.000 en toda la comunidad-” contrarias al asunto: el miedo a que este tipo de prestación y servicio, que se entiene universal, acabe privatizada se ha instalado en todos los colectivos que de una forma u otra participan en este ámbito.

Los padres son los últimos en sumarse a la batalla contra la cesión de competencias, que tendrá un nuevo trámite en la segunda semana de junio, con el debate de la Ley de Transferencias en las Cortes de Valladolid. «Los trabajadores y empleados de las guarderías de la Junta en León nos han explicado cómo está el asunto y realmenet es para indignarse; para algo que tiene la Junta en León que funciona medianamente bien, nosotros creemos que aceptablemente bien, van a cargárselo. Y por nuestra parte pondremos todo lo posible para que no se produzca», aseguraban ayer varios padres de niños que acudieron como cada tarde a recoger a los pequeños a un centro de educación infantil de León.

Los padres ofrecen apoyo a los empleados y educadores, que no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que su sustento y profesión dependa del Ayuntamiento «a ver si nos hemos sometido a una oposición para acabar de empleados de una empresa privada», argumentan. A lo largo de la semana que entra tienen previsto agilizar el calendario de protestas contra la cesión a los entes municipales. Entre ese movimiento está la entrega de las firmas recogidas en la sede de las Cortes, con el fin de que la iniciativa popular pese más que la ocurrencia política de dejar en manos de un ayuntamiento la garantía de la educación infantil, además de asambleas informativas que conduzcan a la sensibilización absoluta del sector capaz de poner freno a lo que entienden como «un atropello en toda regla» a los derechos de los más pequeños.

«Que está competencia pase a Educación es otra de nuestras ambiciones, aunque ahora por prioridad es necesario evitar que la Junta deje de tutelar y garantizar el servicio, la prestación o el derecho de los pequeños a la educación pública», ordenan.

Más adelante aparece la movilización en Valladolid, como recurso final para evitar la transferencia, que se coló de rondó en un paquete de cesión a los entes locales con la aquiescencia de los sindicatos de clase que ahora tratan de aprovechar el tirón de la rebeldía social ante la medida. Otro ejemplo de que el movimiento sindical y la actividad política viven de espaldas a los intereses de la sociedad.