La plataforma exige la suspensión cautelar de privatizar Aguas
El movimiento cívico presenta un recurso judicial contra esta decisión
Representantes de la plataforma en defensa del agua anuncia el recurso judicial.
La plataforma cívica contra la privatización del 49% del servicio de Aguas exige al alcalde Francisco Fernández que «paralice la licitación» del procedimiento hasta conocer si prospera el recurso contencioso-administrativo que ayer mismo interpuso en el juzgado número 4 de la capital.
Los sindicatos CC.OO y UGT, los partidos políticos IU, PCE y Los Verdes, la Asociación de Vecinos Ventas Oeste, la Asociación Ateneo Republicano de León y la oenegé Ecologistas en Acción solicitan por vía judicial la anulación de los acuerdos adoptados en el Pleno del pasado 10 de julio, sesión en la que el equipo de Gobierno PSOE-UPL aprobó definitivamente el cambio en la forma y modo de gestión de esta prestación municipal.
Además, han reclamado también medidas cautelares, invocando una posible vía de hecho, por «acumulación de motivos de nulidad», justificación que amparan en el artículo 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
El portavoz de la plataforma y secretario provincial de CC.OO., Ignacio Fernández, recordó a socialistas y leonesistas que el movimiento por la defensa del agua «sigue vivo y activo, a pesar de las últimas decisiones del Ayuntamiento» y fue muy duro con Francisco Fernández respecto a las 19 denuncias cursadas a particulares por «discrepar» en los plenos de las decisiones de sus gobernantes.
«No somos delincuentes, aunque somos tratados como generadores de inseguridad ciudadana en una clara estrategia de venganza y humillación», denunció Ignacio Fernández, quien culpó al equipo de gobierno y a sus políticos de «despreciar» a la sociedad leonesa.
Fernández estimó que la externalización del servicio de Aguas supone una «regresión de las libertades» y recordó al regidor que la empresa elegida para gestionar esta prestación «tendrá derecho a ser indemnizada por el Ayuntamiento si finalmente se dictamina la suspensión de los actos recurridos».
Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ángeles González, acusó al primer edil municipal de «incumplir» el programa electoral de su partido y aseguró que los ciudadanos no van a ser «sumisos».
Respecto a ésto, el activista Ramiro Pinto, espera que la vía judicial «retorne el sentido común» a todo este proceso y manifestó que las 19 denuncias están basadas en una «falsificación documental para que la gente no salga a protestar».