La Junta sólo prometió que investigaría

La paradoja de los incentivos que envía Europa para estimular y compensar el desfase de la producción agropecuaria no tiene fin; desde que en un alto porcentaje los derechos estén en manos de jubilados a que otra parte del pastel se perciba sin necesidad de producir o que cada año se abra un mercadillo de compra y venta en el que puede participar cualquier productor asentado dentro de la península. Todas estas circunstancias han contribuido de forma decisiva a convertir a los derechos PAC en un pilar esencial para interpretar el patrimonio de las explotaciones, que basan casi todo su presente y las posibilidades de futuro en la aportación económica que les asegura Europa cada año; de momento y según los planes fijados por la última reforma de la Política Agraria Común, hasta la campaña 2013.

Las operaciones en este ámbito se presentan en términos de inversión ya que el agente que compra los títulos que garantizan la percepción anual de ayudas rentabiliza el dinero invertido en la compra en un plazo máximo de dos años. La Junta llegó a prometer a los sindicatos agrarios que investigaría estas prácticas. En el sector no sabe más de la promesa.

La fiscalización de las ayudas parece limitada -”según denuncian productores del sector-” a las pequeñas explotaciones, afectadas por las pérdidas de derechos año tras año que acaban por engrosar la bolsa a la que pueden acceder en mejores condiciones los dueños de las grandes explotaciones ganaderas. «Pero esto no se puede denunciar, porque de inmediato te envían una inspección oficial y acaban por hacerte la vida imposible; así es la administración», denuncian afectados por la práctica cada vez más extendida de dejar a las pequeñas explotaciones sin recursos.