La ley de las buenas intenciones

Análisis | l. urdiales

Rural y deprimido en León es redundante. Ley de desarrollo rural sostenible en León es un eufemismo. Que en una tierra donde abunda la miseria se ponga un fajo de billetes en una mesa y se decida de forma partidaria quien cobra y quien mira, parece como poco una injusticia. Si acaso, una provocación. La ley de desarrollo rural no crece; tardó en nacer, y sigue hoy igual que en el natalicio. Exhibe un articulado generoso, pero no es capaz de aplicarlo; no acierta a identificar a sus objetivos. Rural, sí; pero no llega a discernir si rural como La Pola o rural como esos municipios en los que se espera el primer duro de inversión pública desde que Almanzor decidió pasar a la reserva activa; de estos ejemplos sobran en la provincia de León. Rural; pero sin determinar si hay prioridad para diversificar los medios de vida, capaces de generar renta o bienestar o viene a solaparse con otros cheques al portador que mandó Europa, vía fondos de cohesión, o el Ministerio de Industria, vía Miner. Rural, sin dejar claro si prefiere que el oso y el jabalí ocupen más territorio que el hombre o si la alondra tiene prioridad sobre las sembradoras; por no determinar, no acota ni cómo se debe administrar el dinero. El PSOE (en Valladolid) quiere crear un «órgano de gobernanza» en cada una de las zonas elegidas por el maná (así los define ese partido). Hoy mismo, la presidenta de la Diputación de León ha convocado a varios alcaldes de municipios que viven inmersos en una paradoja: no hay territorios más pobres que los de ellos, más deprimidos social y económicamente, más abandonados. Y la ley, gran paradoja, ni los mira.