UPL exige estar en la negociación para entrar en el consejo de la futura Caja

Para que el cambio de decoración no le pille fuera de casa, la UPL avisó ayer, como «tercer partido de la comunidad», que no puede quedar «de lado en las negociaciones» y exigió, por medio de su presidente, Javier Chamorro, que se la «llame a consultas» para determinar la estrategia de la fusión de Caja España con Caja Duero. Un proceso del que tan sólo tendrán conocimiento de toda su extensión los representantes de PP y PSOE -”Isabel Carrasco y Francisco Fernández, respectivamente, en León-” junto a técnicos y presidentes de las dos entidades, y en el que se definirá toda la estructura de la caja unificada y la arquitectura de los equilibrios de poder. Más allá de esta mesa, a ciegas, los leonesistas temen quedar de convidados de piedra ante el reparto de populares y socialistas.

En este trabajo de arquitectura de la caja unificada, UPL, que valoró una aportación del «60-65%» de Caja España frente a Caja Duero, reclama que «tengan su sede en León al menos la mitad más una de las ocho divisiones: comercial, riesgos y empresas participadas, recursos humanos, medios, secretaría general, planificación y control, financiera corporativa y de obra social». «Ahora mismo, por las informaciones que tenemos, León sólo tendría la sede social y el área de informática, que es tan sólo una parte de la división de medios, lo que es muy poco», afianzó Chamorro, quien adelantó que, salvo que se cumplan sus reivindindicaciones y «León salga beneficiado en el reparto», la formación leonesista «trabajará para que en la asamblea, que es soberana, no se obtenga la mayoría cualificada necesaria». Un freno «relativamente posible» que el partido, que cuenta con 9 miembros en el órgano, conseguiría si arremolina «33 de los 160 votos».

Pese a ceñir su advertencia al proceso iniciado con Caja Duero tras el desmarque de Caja Burgos, Chamorro aprovechó para citar que, «según el informe de la consultora KPMG, Caja España es la única que podría subsistir por sí sola con algunas modificaciones». Una hipótesis que desechó, pero que le dio pie para criticar que «la Junta prohíba que Caja España pueda buscar una fusión con cajas de fuera de la comunidad, lo que sería lo más favorable porque no obligaría a reducir sucursales y puestos de trabajo».

La reducción afectará, según los cálculos previos, a 1.100 empleos y 203 oficinas entre las dos entidades, aunque «ninguno de los trabajadores de Caja España se va a quedar en la calle si no quiere», como comprometió el miembro de la UPL en el consejo, Bernardo Rodríguez. «Unos se prejubilarán y otros, si les interesan las condiciones, se irán», detalló.