Los recursos judiciales contra la línea Sama-Velilla empezarán en enero
La defensa es la misma que consiguió parar el trazado que atravesaba Picos
Los pruebas del intento de cruzar Picos se mantienen todavía en la montaña leonesa.
La calle se le queda pequeña al movimiento cívico contra la línea de alta tensión Sama-Velilla. Ahora, después de más de 27.000 alegaciones al proyecto, de años de pancarta y bandera, la batalla se abre en la vía judicial. Un camino que León ya recorrió cuando se tumbó el primer trazado que diseñó Red Eléctrica Española (REE): la autopista que nacía en Lada y pretendía cruzar por Picos de Europa para llegar a Palencia. Aquel intentó murió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Tribunal Supremo y en Europa. Poco cambia entre aquella línea y ésta, señalan los impulsores de la contestación ciudadana, en cuenta a daño medioambiental y falsedad en la argumentación de justificación económica; casi nada variará en cuanto a la estrategia jurídica, que también está en manos del despacho de abogados EcoUrban Consultores que dirige Carlos González-Antón y que arrancará de manera efectiva en enero.
El movimiento está ahora en los trece ayuntamientos implicados y sus juntas vecinales, algunos de los cuales ya han empezado a tomar los acuerdos en Pleno para apoderar a los servicios jurídicos. Este poder permitirá al despacho personarse y recurrir los actos en los que se sustenta la oposición a la línea, tanto desde el punto de vista administrativo como ambiental y económico, según respaldan los expertos de la Universidad de León comandados por el catedrático de Zoología Francisco Purroy y el profesor de Economía Financiera Julio Lago.
La legitimación dada a EcoUrban Consultores servirá para diversificar los esfuerzos en las en las líneas diversas de actuación judicial, con unos ayuntamientos en unos recursos y otros en diferentes actos, pero sin perder la coordinación de las defensas. La única alternativa que se contemplará será la cero: no hacer la línea por ningún trazado.
El planteamiento no descuida siquiera la posibilidad de que el Gobierno publique la declaración de impacto ambiental (DIA) que ya tiene cerrada. Los recursos están listos. Todos: los jurídicos y los sociales.