La Fiscalía ve indicios de delito penal en el derribo de la casona de Lillo
Solicita al juez que abra las diligencias «para el esclarecimiento de los hechos», que cree constitutivos de un delito penado en el artículo 321 del Código Penal
El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de León considera que el derribo de la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo por parte de la promotora Oriental Resort puede ser constitutivo de un delito previsto en el artículo 321 del Código Penal, que recoge que «los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años, por lo que ha formulado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de León para que se incoen diligencias previas «y se practiquen las pertinentes para el esclarecimiento de los hechos», según se recoge en el escrito remitido al juzgado.
Este escrito responde a la denuncia interpuesta el pasado 25 de marzo ante la Fiscalía Provincial de León por un particular que mantiene un litigio urbanístico con el Ayuntamiento con motivo de unas propiedades en la estación de esquí de San Isidro.
El artículo mencionado por el fiscal recoge, además, que «los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».
Varias denuncias. La de este particular no es la única denuncia presentada por la desaparición del inmueble del siglo XVIII, que fue demolido a finales de este año y que estaba considerado Bien de Interés Cultural (BIC). La Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León también acordó poner el caso en manos de la Fiscalía, además de abrir un expediente sancionador al promotor de la obra, que pretendía levantar un hotel de lujo con spa incluido, y que contaba con la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento, hasta que le fue retirada tras desaparecer el inmueble y la posterior paralización de las obras.
También el grupo municipal de IU-Los Verdes anunció el pasado mayo la presentación de una denuncia contra el derribo, a la vez que exigió a la Junta que parte de la multa que se imponga a la empresa a través del expediente sancionador se destine a la expropiación del inmueble para uso público.
Se da la circunstancia de que la Comisión Territorial de Patrimonio autorizó el pasado mes de mayo al promotor de la empresa a reponer la fachada de la casona, cuyas piedras permanecen almacenadas en la Casa del Parque de Puebla de Lillo ya que, según defiende la promotora, fueron numeradas antes de ser desmontadas. Fue la propia empresa la que presentó un modificado del proyecto que contemplaba la reposición de la fachada protegida y que fue aceptado por Patrimonio.