Exigen la nulidad de las contribuciones especiales por la obra de la Nacional VI
El Ayuntamiento señala que no hubo alegaciones cuando se aprobaron las cuotas
Las obras de la N-VI se financian con fondos del Estado, un préstamo y contribuciones.
Un grupo de propietarios de inmuebles situados junto a la N-VI de La Bañeza ha contactado con un abogado con el fin de exigir al Ayuntamiento de La Bañeza la nulidad de las contribuciones especiales impuestas por las obras de urbanización de la travesía de la N-VI. Los propietarios, cuyos recursos de reposición han comenzado a llegar ya al Ayuntamiento de La Bañeza, alegan defectos de forma, así como su impresión de que el gobierno municipal no puede recurrir a esta figura impositiva al tratarse de uno de los principales ramales del sistema general viario de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Obras, Tomás Gallego, señaló ayer que la tramitación que las contribuciones especiales ha sido «escrupuloso» en el cumplimiento de la normativa existente al respecto y destacó que, tras su aprobación en el Pleno, «no se produjeron alegaciones en el periodo de exposición pública».
En las pasadas semanas, el Ayuntamiento remitió a los propietarios una comunicación previa antes de que se proceda a la liquidación final de la obra. El Ayuntamiento había previsto financiar la urbanización de la travesía con 1.308.015 euros procedentes de las contribuciones -”a los que se deben sumar la financiación del Ministerio de Fomento y un préstamo solicitado por el Ayuntamiento-”, a la que habría que restar el 32% de rebaja en el coste de la obra, el mismo que aplicó la constructora al precio base de licitación. Así, frente a un presupuesto de 4.163.071,25 euros, la obra se adjudicó en 2.835.770,90 y de un coste de 300 euros por metro lineal para los propietarios se pasaría a 204,54 euros.
El beneficio y los defectos. Según el letrado que representa a los contribuyentes, Jorge Pérez Maldonado, existe jurisprudencia que anula las contribuciones especiales que gravan obras en vías del sistema general viario, en el que incluyen a la N-VI la normas subsidiarias municipales en vigor y el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), en proceso de aprobación. Este tipo de mejoras «no benefician más a los propietarios que a la generalidad de los vecinos», afirmó Pérez Maldonado, que destacó el gravamen al metro lineal -”«300 euros, aunque existe el compromiso del Ayuntamiento de aplicarle la baja de la adjudicación, que lo dejaría en unos 200 euros»-”, así como el tramo afectado por las obras -” «4.000 metros lineales de la N-VI, en los que se incluyen las dos márgenes»-”.
Del mismo modo, se alega a la existencia de «defectos formales» en el procedimiento de imposición de las contribuciones, que el abogado prefirió no desvelar.
El letrado no facilitó el número de propietarios que han optado por interponer recurso de reposición y señaló que éstos no se han unido en una asociación de contribuyentes -”opción que contempla la ley-”. Los recursos se han presentado en nombre de cada uno de éstos y también solicitan que si no se declara nula la contribución se baje su coste, aunque no se especificado en qué cantidad.
Si el Ayuntamiento no diera una contestación satisfactoria a los recurrentes, entonces se estudiaría plantear un contencioso administrativo.
Los recursos se han presentado después de que un grupo de propietarios, alrededor de 15 o 20, mantuvieran una reunión con miembros del equipo de gobierno sobre este asunto.