El alcalde de Alija cifra en un centenar los perros envenenados en el coto
Un documento oficial reconoce intoxicaciones en la zona, pero no fija el total
El alcalde (de pie, a la izquierda), durante la reunión sobre el coto de caza.
Alrededor de cincuenta personas asistieron a la reunión convocada por el alcalde de Alija del Infantado, Luis Panero, para informar sobre la gestión de Victoriano Villar como presidente del coto. Tanto el alcalde como el concejal José Antonio Prieto vertieron graves a acusaciones contra Villar por su gestión en la sociedad de cazadores y por su labor como juez de paz del municipio.
El regidor cifró en «unos cien» el número de animales muertos por ingesta de carne envenenada con un fitosanitario y entregó a los presentes un documento del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la junta de Castilla y León en el que se refiere la muerte de tres ejemplares cuyos cadáveres se recogieron en una zona que coincide «con envenenamientos anteriores», así como «el envío con anterioridad de un perro doméstico con idéntica sintomatología y hallazgos de necropsia». Sin embargo, no señala el número exacto de canes muertos.
«No voy a consentir que el pueblo esté revuelto por este asunto», aseveró Panero, que tildó al presidente del coto de juez de paz como «juez del diablo». Además, aseguró que trató de influir en el anterior alcalde, Luis Gómez-Villaboa «al que intentó convencer para que siguiera en el cargo pese al pacto que teníamos para que cesara en el cargo». Según parece, también presionó, junto con Villaboa, a otros dos concejales.
Panero anunció una ordenanza que le permita como alcalde «denunciar los casos de envenenamiento de perros aunque no lo haga el presidente del coto» y le acusó de no pagar 3.000 euros al año a los propietarios de fincas por su inclusión en la zona de caza. También tildó de engaño la pérdida de subvenciones así como de 12.000 euros al no haber demanda de monterías de caza mayor en un coto.
Por su parte, el ex alcalde y concejal José Antonio Prieto mostró sus dudas sobre la compatibilidad entre los cargos de juez de paz y presidente del coto, ya que a éste último se accede por elección popular, así como por su puesto como «tesorero en las plantaciones».
Con respecto a los envenenamientos indicó que dictó dos bandos como alcalde referidos a éstos al entender que «nuestra obligación es sacar a la luz el delito». Prieto criticó las sanciones a seis socios del coto por denunciar la presencia de veneno y señaló que pudo existir manipulación de la votación en la que se decidieron las multas y expulsiones por un año de quienes denunciaron los envenenamientos, ya que éstas se votaron en asamblea con posibilidad de votar por correo a los socios que no residen en la localidad. Según Prieto, éstos sufragios se recibían en el domicilio del presidente.
El ex regidor pidió para la sociedad cinegética «una directiva limpia y transparente, en la que varios controlen las facturas y el uso de la carne».
Cabe destacar que dos sanciones se produjeron por campear perros fuera de temporada y que una más se produjo por verter gasoil a una laguna, lo que motivó una sanción de la CHD y por matar dos corzos sin precinto.