El nuevo eje económico tiene color verde

Proteger el medio natural de la comunidad de una manera compatible con el desarrollo socioeconómico y convertir esta conservación en uno de los motores de Castilla y León es el objetivo esencial de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural cuyo borrador salió ayer a exposición pública durante un periodo de 30 días. Se trata de un instrumento para desarrollar el Plan Director de la Red Natura 2000, según destacó ayer la vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, quien destacó la importancia de la nueva normativa, que permite «ampliar las figuras de protección y las posibilidades de actuación». A juicio de Ruiz, la motivación del texto se basa en crear «una industria alrededor del medio natural» ya que el medio ambiente «es la materia prima que mejor podemos ofrecer», siempre que las intervenciones se realicen desde el punto de vista «sostenible».

La nueva ley, tras su aprobación definitiva, derogará la Ley de Espacios Naturales del 91, que conlleva «una tramitación muy larga», según la consejera, y que debía adaptarse a las condiciones actuales. Por ello, el nuevo texto da una cobertura a todo el territorio de la comunidad, con la creación de nuevas figuras de protección del patrimonio, la flora y la fauna y con el objetivo de facilitar la intervención en dotaciones, planes y la compatibilización con otras actividades. Ruiz señala que el espíritu de la nueva normativa defiende que «se puede preservar el medio ambiente compatibilizándolo con otras actuaciones, como las explotaciones agrarias», un valor fundamental para el desarrollo de las zonas protegidas. También destaca la implicación de la ley en facilitar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales ya que «vivir allí no tiene que ser una maldición, sino todo lo contrario», por lo que se desarrolla una batería de ayudas y subvenciones que permitan mejorar la calidad de vida y ofrecer nuevos servicios para los ciudadanos a través de compensaciones.

El texto recoge la creación del Inventario Regional del Patrimonio Natural, que recogerá la información actualizada del estado de conservación del medio natural de la comunidad e integra la integración de los principios de conservación del patrimonio natural en las políticas sectoriales. También se abordan los criterios que deberán seguir las actividades agropecuarias, forestales, cinegéticas, piscícolas, acceso al medio natural, minería, agua, turismo, infraestructuras, industria y energía para mejorar su compatibilidad ambiental y reducir los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Respecto a la conservación de las áreas naturales, el texto recoge la creación de la Red de Áreas Naturales Protegidas, constituida por la Red Natura 2000, la Red de Espacios Naturales y las Zonas Naturales de Interés Especial, como vías de aproximación a la protección del territorio. La Ley se convierte en el instrumento de gestión de la Red Natura, con la declaración de Zonas de Especial Conservación. También se prevé simplificar los trámites de autorización ambiental, con el consiguiente ahorro de costes y evitar una situación discriminatoria de los ciudadanos que viven en localidades incluidas en la red.

Otro de los aspectos novedosos se refiere a la protección de la flora y la fauna, que se aborda por primera vez en una ley, con la creación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas y el Listado Regional de Especies de Atención Preferente, que recogerán las singularidades de la biodiversidad de la comunidad, con niveles de protección singular.

El texto también recoge la protección de los hábitats, con la creación del concepto de -˜hábitats amenazados-™, para los que estén en riesgo de desaparición, y el Listado Regional de Hábitats de atención preferente, para aquellos que presentan una singularidad especial.

La concienciación de los ciudadanos y la educación ambiental tienen también su espacio en la ley para sensibilizar sobre la necesidad de conservar el patrimonio.