El jurado declara culpables a los tres acusados por el caso Mataporquera

Un jurado popular declaró ayer culpables de un delito de asesinato a la mujer que apuñaló a su ex pareja, un joven cepedano, en mayo del 2009 en Mataporquera y a los dos hombres que le ayudaron a cometer el crimen, unos hechos por los que ahora se enfrentan a una condena de entre 15 y 20 años de prisión cada uno.

En un veredicto hecho público ayer en la Audiencia Provincial de Cantabria, el jurado declaró probado que Erika A.M., Jorge B.C. y Ángel Manuel R.M. se trasladaron desde León, donde residían, hasta Mataporquera «de común acuerdo y con el fin de acabar con la vida» de Valentín Fernández Fernández, al que esperaron en el portal de su casa y atacaron de modo «inesperado y repentino». El jurado consideró acreditado, por mayoría de ocho votos a uno, que Erika A.M. apuñaló «en repetidas ocasiones» a su ex pareja, mientras que Jorge B.C. le sujetaba y Ángel Manuel R.M. les esperaba fuera en un coche para huir.

El veredicto establece que esos hechos convierten a Erika A.M. y a Jorge B.C en autores de un asesinato «por ejecución consciente, directa, conjunta y previamente planeada» del crimen y a Ángel Manuel R.M. en culpable de los mismos cargos por cooperar vigilando la zona y asegurándoles la huida, una ayuda, sin la cual, el homicidio «no se habría efectuado».

Tras escuchar al jurado, la fiscalía y la acusación ejercida en nombre de la familia de la víctima reiteraron su solicitud de que los tres acusados sean condenados a penas de 20 años de prisión, mientras que las defensas recomendaron que se les aplique la condena mínima prevista para ese delito -15 años-. El fiscal argumentó la pena solicitada en la «falta de rehabilitación social» que han demostrado durante el juicio los tres autores de este crimen y la nula colaboración que han tenido para esclarecer «un hecho tan dramático», además de la agravante de Erika A.M. por su relación de parentesco con la víctima, que era su ex pareja y padre de su hijo, un niño de cinco años en aquellas fechas. De hecho, en su calificación inicial de los hechos, la fiscalía señalaba que Erika A.M. «decidió acabar con la vida» del padre de su hijo porque no aceptaba que éste ostentara con exclusividad la patria potestad sobre el menor.

La abogada de la acusación particular, Marta Fernández Cobo, reiteró la petición de una pena de 20 años para los tres acusados, ya que recordó que tanto la mujer como los dos hombres han negado durante el año y medio que han estado en prisión ser autores del crimen.

«Arrepentimiento» . La letrada recordó que, tras admitir que habían estado en el lugar de los hechos, Erika A.M., Jorge B.C. y Ángel Manuel R.M. han trasladado en el juicio oral una «verdad sesgada y acomodada» y no han mostrado «ningún arrepentimiento» por el crimen.

En el caso concreto de Erika A.M., la abogada de la acusación particular dijo que la mujer no tuvo en consideración que su hijo estaba en el edificio donde apuñaló al padre. Por ello, solicitó, además de la indemnización que corresponde para el hijo, los padres y los hermanos de Valentín Fernández Fernández, que Erika A.M. no pueda comunicarse con su hijo y con la familia de su víctima. Porque la letrada de la acusación particular insiste en que a la mujer no le importó «lo más mínimo» que su hijo estuviera en un piso del edificio donde asesinó a su padre y que pudiera oír o ver el crimen.

Tras la calificación de esta letrada, el presidente del tribunal, el magistrado Esteban Campelo, recordó que la acusada no tenía por qué mostrar arrepentimiento «por el derecho que le confiere la ley» de no declararse culpable de los hechos.

La defensa de Erika A.M. mostró su «disconformidad» con el veredicto del jurado y pidió al tribunal que no admita la incomunicación entre la mujer y su hijo, ya que explicó que para que se imponga esta pena debe existir un peligro para el menor y no es el caso.

En el veredicto, que no entra a valorar cuál fue el móvil del crimen, el jurado solicita al tribunal que no se conceda a ninguno de los tres condenados beneficios de la suspensión de la pena ni que se proponga al Gobierno el indulto total o parcial.