El Supremo niega a los municipios el cobro por el IBI atrasado de la AP-66
El Alto Tribunal estima que el Estado no tiene obligación de pagar compensaciones
El contencioso por el pago de compensaciones por el IBI de la autopista se remonta al 2005.
Los ayuntamientos leoneses afectados por la exención del 95 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles a la autopista del Huerna han recibido la notificación del fallo del Tribunal Supremo negando el pago de las compensaciones por parte del Estado, una medida que, según el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, supone un «agravio comparativo». La decisión del Supremo anula las sentencias anteriores que daban la razón a los municipios por cuyo territorio transcurre el trazado de la AP-66 y que suponía el cobro de 12 millones de euros pendientes de las compensaciones por dejar de cobrar el IBI entre los años 2001 y 2004. Según el alto Tribunal, del hecho de que el Estado imponga beneficios fiscales no surge automáticamente la obligación de compensar a los municipios por la cuota no ingresada. El Supremo da así la razón al Estado en los recursos que presentó contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia.
Los ayuntamientos leoneses habían planteado el pasado diciembre presentar un nuevo contencioso para reclamar el pago correspondiente a los años 2004-2009, si no se lograba llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, una decisión que tenían previsto tomar en el primer trimestre del año.
En León son diez los ayuntamientos que iniciaron el proceso, de los cuales cuatro -Santovenia de la Valdoncina, Sena de Luna, Cimanes del Tejar y Onzonilla- ya han recibido la cantidad correspondiente al IBI de los años 2001 al 2004, por un importe de entre 120.000 euros y el millón y medio, en cumplimiento de las sentencias dictadas. El resto de los ayuntamientos -Valverde de la Virgen, Carrocera, Soto y Amío, Los Barrios de Luna y Rioseco de Tapia y el asturiano Pola de Lena- aún no han recibido ningún importe atrasado de estos ejercicios. La incógnita se cierne ahora sobre la situación en que quedan los municipios que ya han recibido parte del cobro, que conforme a lo que dicta la ley podrían tener que devolver el dinero recibido para no crear agravios comparativos.
Los alcaldes afectados mantendrán una reunión en los próximos días con los representantes legales que llevan el caso para estudiar las posibles acciones judiciales que se pueden iniciar. Según Fernández, en este encuentro se debatirá la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Estrasburgo. Para Fernández, la sentencia dictada por el Supremo «dice lo contrario de lo que se había decidido en otras instancias judiciales respecto al pago de las compensaciones». El alcalde de Valverde asegura que hay más de 50 municipios afectados por esta sentencia en todo el territonio nacional, «lo que supone una cantidad muy importante de dinero para las arcas del Estado».
La primera sentencia en este sentido la recibieron los municipios de El Espinar, en Segovia, y de Pontevedra, y el Supremo se ha ido pronunciando sucesivamente sobre el resto de los municipios en todo el todo el territorio nacional que han exigido a través de los tribunales el reintegro del dinero.
En la última reunión mantenida por los alcaldes leoneses, celebrada el pasado diciembre, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, se comprometió a mediar ante el Ministerio de Economía y Hacienda en busca de una solución a la reclamación de los municipios.