Municipios de toda España llevarán a la justicia europea el IBI de las autopistas

Los representantes legales de los municipios que reclaman el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles al Estado y las empresas concesionarias de autopistas «están pendientes de definir una estrategia común, con el fin de recurrir ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Constitucional» las diferentes sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo (TS) en el que desestima las pretensiones de los ayuntamientos de ser compensados por no haber recibido las cantidades relativas a este tributo, según confirmó el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández.

Valverde es uno de los diez municipios de León que ha emprendido acciones legales por el IBI de la autopista León-Campomanes (AP-66). Tanto este como Carrocera, Soto y Amío, Los Barrios de Luna y Rioseco de Tapia no han recibido compensación alguna según las sentencias favorables recibidas hasta el momento, mientras que Santovenia de la Valdoncina, Sena de Lena, Cimanes del Tejar y Onzonilla habrían recibido cantidades por este concepto entre los 120.000 euros y el millón y medio por el periodo 2001 al 2004. A estos se suma en la batalla legal el municipio asturiano de Pola de Lena, que tampoco ha percibido cantidad alguna de la Administración del Estado.

Según explicó el regidor de Valverde de la Virgen. El hecho de que unos municipios hayan recibido compensación en función de los ingresos que han dejado de percibir por el IBI «supone un agravio comparativo». Ahora se trabaja en la posibilidad de establecer un frente conjunto entre municipios atravesados por autopistas como las del Mediterráneo (AP-7), la del Norte (AP-1 ), del Nordeste (AP-2), del Atlántico (AP-9) o la Vasco-Aragonesa (AP-68), contra cuyas exigencias de cobro se ha manifestado el Supremo en los últimos meses.

Tras la sentencia de la Sala de los Contencioso del TS en la que se desestima la pretensión del Ayuntamiento de Pola de Lena de recibir 3.695.582,05 euros más los intereses de demora por la bonificación del 95% del IBI del estado a la concesionaria Aucalsa, los alcaldes del trazado habían previsto reunirse para definir la estrategia en Semana Santa. Sin embargo, «hemos visto la conveniencia de que pasen las elecciones municipales y autonómicas antes de fijar el encuentro. En cualquier caso, es un tema que nos interesa a todos los municipios con independencia del signo político de su gobierno», explicó Fernández.

Las razones del Estado. El regidor de Valverde considera que las instituciones de justicia de la Unión Europea resolverán sobre el caso, si finalmente se acude a estas antes que el Tribunal Constitucional. «En temas de agravio comparativo es en los que más ha castigado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España y estamos ante uno de estos casos: si el Ayuntamiento de Santovenia ha cobrado y el de Valverde no existe un claro agravio», señaló.

Ante las pretensiones de los ayuntamientos, la Abogacía del Estado sostiene que la bonificación del 95% deriva de la Ley de Autopistas 8/1972 de 10 de mayo y que ésta se aplicó sobre la Contribución Territorial Urbana (CTU), tributo estatal que pasa a ser local el 1 de enero de 1979 y que se sustituye más tarde por el IBI.

A la luz de este y otros argumentos, el TS estima que la concesionaria de la AP-66 recibió del Estado un beneficio fiscal «que se prolonga hasta la expiración del título concesional» y añade que los ayuntamientos no pasaron a recaudar menores rendimientos de los que venía recibiendo antes de que el impuesto adquiriese carácter local, porque la bonificación antes de que se creara el IBI, que sustituyó a las figura tributaria anterior, tanto en su gestión nacional como municipal.