Sólo Ecolo Verdes defiende el despido para el trabajador condenado por abuso sexual
Durán propone ampliar la sanción a 90 días y consiente en que se vote la propuesta en un pleno
La última propuesta de la alcaldesa Ana Luisa Durán para sancionar al jefe del polideportivo eleva de 45 a 90 los días de suspensión de empleo y sueldo para este trabajador que, además, será apartado del área de deportes y remitido a la de servicios generales. La medida se planteó en el transcurso de la comisión celebrada ayer por la tarde con todos los grupos políticos, en la que también se decidió que la decisión se votara en un pleno. El edil de Ecolo Verdes, Manuel Barrero, fue el único que defendió que el condenado no siga formando parte de la plantilla municipal.
El concejal de IU, Severino Álvarez, reconoció que a su grupo le «da igual los meses que esté suspendido, lo importante era imponer una sanción y apartarlo del contacto con las mujeres, por eso nuestro caballo de batalla es que le rebajen de categoría, porque si no, en su nuevo destino, también tendrá mando sobre mujeres».
La popular Esther Velasco acudió a la comisión para pedir la máxima sanción posible, pero «ajustada a la norma que tenemos, porque otra cosa queda muy bien de cara a la opinión pública, pero tenemos los convenios y los estatutos para algo». Opina que la dilación en el tiempo de este asunto «ha sido un error tan grande del equipo de gobierno, que no sabemos cómo lo podrán corregir, porque el expdiente debería haberse cerrado tiempo atrás para que no quepan dudas sobre una posible prescripción. Todo está con alambres». Los populares fueron rotundos en la reunión, «pedimos la máxima sanción que contemple la legalidad». Del mismo modo, el PP, culpa al primer instructor del caso, por la dilatación del tema durante 18 meses. «Se preocupó poco o nada por este asunto», destacó Velasco.
Por su parte, Mario Rivas, edil del Mass y socio de Durán, se limitó a apoyar la tesis de la alcaldesa.
El edil más reivindicativo fue Manolo Rodríguez Barrero (Ecolo-Verdes), quien no daba crédito a que la sanción se fuera a tratar sólo en la comisión informativa de Asuntos Sociales, no en la de Personal ni en el Pleno. Este concejal exige el despido de Cosmen, «porque una administración pública no puede pagar a un penado por abuso. Nos negamos a que el dinero público se invierta en el acusado», y mantendrá su moción para echar al trabajador. Barrero es duro con la alcaldesa y asegura estar «absolutamente seguro de que ha querido dilatar el proceso disciplinario contra él, uno de sus hombres de confianza. Considera «tremendo» el retraso y la falta de voces disonantes. Advierte que estudiará si llevar al juzgado las actuaciones del equipo de gobierno. Así mismo, Barrero es tajante al asegurar que «quiero que la resolución se ratifique en asamblea». El portavoz de Ecolo-Verdes opina que «no se ha llegado a ningún acuerdo porque creo que el equipo de Gobierno va a reconsiderar el tema».
Barrero considera que tratar el asunto en un pleno «disolvería toda la alarma social que se ha desatado en torno al caso». El portavoz asegura que la comisión no se reunió para interpretar la ley «esa es una cuestión de juristas», comentó Barrero, quien añadió que «lo que debemos hacer es imponer una sanción desde el punto de vista político, por ello la máxima pena que se le puede aplicar es el despido». A su juicio, el despido del trabajador condenado está contemplado por el Estatuto de los Trabajadores, que ampara su legalidad.