El sector eólico pide a Industria que retire el borrador de la nueva norma

Publicado por
m. j. muñiz | león
León

Creado:

Actualizado:

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró esta senaba que el nuevo marco normativo del sector eólico no saldría adelante sin el consenso del sector, y ahora la Asociación Empresarial Eólica (AEE) reclama al ministro que retire el borrador de real decreto que está en tramitación. Así lo aseguró ayer la patronal, que asegura a través de un comunicado que hace así «un esfuerzo de aproximación al Gobierno debido a la urgencia que tiene el sector de contar con un nuevo marco regulatorio».

La asociación insiste en sus argumentos de que las modificaciones introducidas por el departamento de Sebastián no cambian la realidad actual del sector, cuyo principal problema es que la normativa «impide la ejecución de nuevos proyectos y el acceso a la financiación, por lo que aboca al sector a la parálisis».

Además los empresarios del sector advierten de que con la normativa actual y la prevista se destruirá gran parte del tejido industrial ligado a la actividad eólica, y se perderán también más de 15.000 empleos, la mitad de los puestos de trabajo que genera el sector.

Objetivos en las renovables. La AEE explica además que la normativa que prepara el ministerio «haría imposible el cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías Renovables 2010-2020, que prevé la instalación de 1.430 megavatios eólicos al año».

Los empresarios consideran urgente que el gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre «se ponga a trabajar cuanto antes» en un nuevo marco normativo, para evitar el vacío normativo que se producirá a partir del 2013 si no se legisla antes.

Cargando contenidos...

De hecho, todavía queda pendiente en la inscripción del registro de preasignación 600 megavatios para Canarias, además de la habilitación de prórrogas que permitan realizar los más de 1.000 megavatios inscritos en el registro que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite por razones no imputables a los promotores, según establece el real decreto del 2010.