El Supremo anula parte del Plan de Residuos Industriales por no definir las ubicaciones
La sentencia podría suponer la paralización de los proyectos de las cementeras y las térmicas en León.
Instalaciones de la cementera que la compañía Tudela Veguín tiene en La Robla.
El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación del programa de infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 y respalda la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de junio de 2007, en la que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y que fue recurrida por la Junta ante el Supremo en casación. El Alto Tribunal, que desestima el recurso planteado por la Administración regional y mantiene en el fallado que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del TSJ e impone el pago de las costas procesales, con el límite de 4.000 euros, considera que el plan diseñado por la Junta no establece una ubicación concreta de los centros de eliminación de residuos.
El fallo establece que de acuerdo a la legislación nacional y también la comunitaria «los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos y por ello han de incluir un mapa que señale su emplazamiento concreto que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización suficientemente precisos para que la autorización competente para expedir una autorización con arreglo al artículo 9 de la Directiva 91/156/CEE pueda determinar si el lugar o la instalación de que se trata está incluido en el marco de la gestión prevista por el plan». «Estos requisitos no se cumplen en el mapa ni en las determinaciones referidas a este extremo anuladas por la sentencia de la Sala de Valladolid», recoge la sentencia. Además, dice que la determinación que contiene es solo «aparente» ya que indica tres zonas de una «amplitud desmesurada» en las que se pueden autorizar instalaciones y incluso establece que se pueden hacer fuera de ellas.
Por eso, desde Ecologistas en Acción explicaron que pondrán esta sentencia en conocimiento de todos los órganos judiciales que hayan otorgado o tengan que hacerlo las autorizaciones para la puesta en marcha de estas instalaciones para que las anulen. «Entendemos que estas instalaciones quedan anuladas», explicó el portavoz de este colectivo en Valladolid, Miguel Ángel Ceballos a la Agencia Ical.
Además, pidió a la Junta que «trabaje, después de 20 años con los brazos cruzados», asuma sus responsabilidades y redacte un plan de residuos industriales para Castilla y León que tenga en cuenta las necesidades de la Comunidad y que la Administración controle las instalaciones de residuos peligrosos y evitar así que, como sucede en la actualidad, estén bajo la iniciativa privada y se conviertan en «un foco de atracción» para las industrias de otras los procedentes de Madrid y el País Vasco.
En su opinión, la Junta «tendrá que mojarse» y decidir dónde deben instalarse estas infraestructuras. Por eso, trasladarán este asunto al Consejo Asesor de Medio Ambiente para que se ponga solución a una situación «lamentable». En este sentido, el responsable de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, hizo un llamamiento a la Junta para que ponga de manifiesto si las cosas han cambiado tras las pasadas elecciones autonómicas y el nuevo consejero.