La Junta exige al Gobierno paralizar los cierres y reclama su competencia
La Junta de Castilla y León estudia impugnar y reclama la suspensión cautelar del plan de cierre de las minas españolas que el Ministerio de Industria envió a Bruselas en cumplimiento del nuevo reglamento europeo, y recuerda que esta competencia pertenece a las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno tramitó y envió el plan sin informar ni consultar a las autonomías. Así se explica en una carta enviada por el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, al secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández; que también ha recibido un escrito en los mismos términos enviado por el Principado de Asturias.
Ambas autonomías consideran que el plan puede suponer una violación competencial porque no se ha tramitado en coordinación con las comunidades autónomas afectadas.
Participación. «El acuerdo para la redacción y el envío del Plan de Cierre, como acto administrativo, debería haber sido adoptado y remitido a la Comisión Europea en coordinación con la comunidad autónoma afectada, existiendo diferentes mecanismos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común que hubieran podido utilizarse para tal fin».
Tomás Villanueva exige también al secretario de Estado de Energía que mantenga informado al gobierno de Castilla y León de «todas las actuaciones, acuerdos, decisiones, planes, etc. que se adopten desde el Ministerio de Industria y que afecten al sector de la minería en nuestra Comunidad». Una vieja reclamación de la Junta, que reiteradamente ha criticado la falta de información sobre las negociaciones y temas relacionados con la minería por parte del Gobierno.
El consejero de Economía lamenta especialmente, y muestra su «malestar», por la «elaboración y envío por el Instituto del Carbón del plan de cierre de las unidades de producción españolas de carbón». La Junta se plantea soliciar la suspensión cautelar del documento «en tanto nuestra Comunidad Autónoma no se pronuncie al respecto, para lo que se valorará tanto la dimensión como las características de un sector minero que está atravesando una una reconversión».
Miles de empleos. El plan de cierre de explotaciones enviado a Bruselas «afecta, por su trascendencia, no sólo a la planificación y objetivos marcados por la política económica general del Estado, sino a la competencia ejecutiva que se deriva del artículo 76.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y león, sin perjuicio de otras competencias autonómicas». La Junta recuerda que en la Comunidad la minería emplea a 2.900 trabajadores de forma directa, la gran mayoría de ellos en la provincia de León.