El juez obliga a la empresa del CTR a seguir pagando por la basura de El Busto

La sección primera de la Audiencia Provincial de León ha dado la razón al Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo en su contencioso contra la adjudicataria del CTR de San Román. Los jueces ven claro que la UTE Legio VII (formada por FCC y Urbaser) debe seguir pagando compensaciones al municipio mientras las balas de basura continúen amontonadas en la finca de El Busto.

Los magistrados recuerdan en la sentencia que la empresa suscribió un convenio con el Ayuntamiento comprometiéndose a pagar un canon de 6.000 euros al mes mientras hubiese residuos en la parcela. Sin embargo, suspendieron la aportación en el 2009, cuando entró en funcionamiento el centro de tratamiento y dejaron de llevar nuevas balas a la finca de Valdefuentes.

Para los jueces el convenio suscrito entre ambas partes en el 2001 sigue en vigor y no es nulo, como reclama Legio VII, porque la UTE «suscribió el contrato con entera libertad y aceptó sus cláusulas», indican, entre ellas la de abonar una cuantía mensual que amortiguara «la problemática suscitada en el municipio de Valdefuentes como consecuencia del arrendamiento de la finca El Busto para vertedero».

En total, la adjudicataria del CTR debe pagar los 108.182 euros adeudados al Ayuntamiento. El abogado del Consistorio, Carlos González-Antón, valora positivamente la sentencia, contra la que no caben recursos. No descarta nuevas acciones judiciales contra la compañía por los impagos del 2011 y recuerda que en la finca se acumulan 400.000 toneladas de residuos que la convierten «en un basurero totalmente ilegal, que incumple las normativas medioambientales».

Trasladar esos fardos al CTR saturaría el centro, al igual que desplazarlos a otro lugar generaría una alta contaminación, de ahí que la solución que se está barajando pasa por soterrar la basura, una medida que no aprueba el municipio de Valdefuentes del Páramo. La alcaldesa, Pilar López, ha expresado en reiteradas ocasiones que «el pueblo no quiere que la solución pase por enterrar allí mismo la basura, porque es una contradicción con lo que se garantizó en un principio cuando se habló de una solución transitoria».

Frente abierto. Además, Valdefuentes presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Santa María del Páramo para que ejerza sus competencias en materia medioambiental y urbanística y regularice la situación de ese depósito de fardos de basura, «restaurando la legalidad urbanística y, por tanto, quitando los residuos de allí», precisa González-Antón. Reclama, además, que la UTE (o en su caso Gersul) devuelva a la parcela «a su estado original» y, de lo contrario, que sean impuestas multas a los responsables. Es más, si finalmente se soterran los residuos, el letrado estudiará la posibilidad de que Legio VII siga pagando la contraprestación económica fijada en el convenio con Valdefuentes porque las basuras continuarían selladas bajo tierra, pero en el municipio.