La Caja necesitó dos auditorías para desvelar las trampas de su ex director

Llama la atención la referencia a otros clientes que se realiza en el párrafo de la sentencia que condena a Belarmino de la Fuente Cela, ex director de la sucursal de Caja España en Castrocontrigo, a tres años y medio de prisión y al pago de 223.740 euros a tres ancianos de la misma familia por la comisión de un delito continuado de estafa.

Es al principio del folio 19 de la sentencia cuando se señala que, en la auditoría practicada tras conocerse el caso, «se ocuparon en la mesa del acusado documentos firmados en blanco por clientes, entre ellos algunos modelos de boletas de reintegros (aunque correspondientes a otros clientes». El texto lleva al lector a concluir que los tres ancianos de Toneros de la Valdería no fueron las únicas personas con los que el empleado de la entidad realizaba conductas profesionales carentes de ética e incluso irregulares.

Pero no es objeto de esta información especular con el trabajo de la De la Fuente, por lo que nada mejor que otro documento judicial para corroborar lo que se puede suponer de la alusión a una auditoría en la resolución que le condena por estafa.

Se trata de la sentencia 305/09, de 18 de mayo del 2009, en la que el magistrado titular del juzgado de los Social número 3 de León desestima la demanda que la representación legal del ex director de Castrocontrigo interpone ante el despido de su patrocinado una vez descubierto el proceder de éste en su puesto de trabajo. Y es que Caja España necesitó dos auditorías para conocer las actividades de su empleado, una que surgió a consecuencia de la denuncia de los ancianos de Torneros y que se efectuó en octubre del 2008 y otra «a raíz de las denuncias de algunos clientes», que finaliza el 26 de noviembre del 2008, cita el documento judicial. Como resultado de ambas investigaciones, Caja España despidió a Belarmino de la Fuente en diciembre del citado año, después de haberlo suspendido «de empleo, pero no de sueldo» dos meses antes, mientras se esclareciesen las que entonces eran supuestas irregularidades.

El riesgo para el cliente

El fallo que corrobora el despido destaca que el ex director «tenía en su oficina cantidad de contratos, operaciones y diversa documentación sin la firma de los clientes» y considera «inadmisible el gran número de operaciones que no tienen firma y de las cuales se ignora si cliente ha dado o no su consentimiento». Estos casos suponían un «riesgo y responsabilidad» para la entidad financiera «en el supuesto de que el cliente niegue su consentimiento o conocimiento de la operación».

En otros contratos también ponía en riesgo a los usuarios además de a la entidad de ahorro: «Otro tanto sucede con los seguros formalizados que se encuentran sin firmar y sin cumplimentar el cuestionario de salud. Este hecho coloca a la Caja en una situación de grave inseguridad y también al cliente, ya que al no haber firmado la póliza del seguro y cumplimentado el cuestionario de salud podría verse privado del importe del seguro en caso de siniestro», explica.