Los alcaldes se rebelan contra la supresión de los partidos judiciales

Defienden los derechos de sus vecinos frente al expolio político del medio rural.

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León

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La recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suprimir los partidos judiciales en las comarcas de menos de 100.000 habitantes ha sido mal recibida por los alcaldes de los cinco municipios de León afectados por la medida. Los regidores de Astorga, La Bañeza, Sahagún, Cistierna y Villablino han hecho una su voz para clamar en contra de una iniciativa que supondrá la pérdida de empleo y la desaparición de uno de los servicios básicos que reciben los ciudadanos del medio rural que, recuerdan, tienen los mismos derechos que los de las grandes ciudades.

Los cinco encuestados no han ahorrado calificativos ante la propuesta. Desde el «auténtico disparate» definido por el socialista bañezano José Miguel Palazuelo hasta el «totalmente perjudicial» esgrimido por el popular Emilio Redondo (Sahagún), uno tras otro han mostrado su disconformidad con el estudio del CGPJ, que considera que la atención y proximidad al ciudadano «no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios».

Todos ellos apelan a la contradicción que la medida supone respecto a la política de fijar población en el medio rural, unos objetivos que «no son viables» si al ciudadano se le retiran servicios de los que sí disfrutan en las capitales.

La aplicación de las nuevas tecnologías en la Justicia, una asignatura pendiente en el escenario nacional, no sirve de consuelo a los regidores que denuncian el «desmantelamiento» paulatino de sus municipios con excusas que no son válidas para ocultar la deficiente gestión de lo público por parte de los gobernantes.

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La condición esgrimida por el órgano judicial de que el tiempo de desplazamiento desde el lugar de residencia del ciudadano hasta la sede judicial no puede exceder de una hora es un argumento a favor de los alcaldes leoneses, que denuncian que los partidos judiciales de sus comarcas agrupan municipios muy dispersos que obligarían a realizar, en algunos casos, hasta dos horas de camino. Este sería, por ejemplo, el ejemplo de la zona montañosa de la provincia, una circunstancia que según los regidores ignora el CGPJ.