Una clínica dental y varios monasterios se benefician de las ayudas de la PAC

Una clínica dental de Santa María del Páramo, varios monasterios y congregaciones misioneras de la provincia y una cofradía de Izagre aparecen en el listado de perceptores de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del pasado 2011. Esto en León, aunque hay casos más llamativos en otras provincias como Taragona, en donde la central nuclear también se beneficia de las ayudas, o un club deportivo de tiro con arco en Sasamón (Burgos). También se incluyen en el listado el tanatorio Ciudad de Úbeda o grandes compañías agroalimentarias como Nestlé, Puleva, Panrico o Campofrío. Son casos curiosos pero no excepcionales. Se trata de una situación «común» que se ha dado en los últimos años, según señala el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, quien asegura que «nos guste o no» detrás de estos beneficiarios hay una explotación agrícola. «Cualquiera que tenga una superficie y la cultive tiene derecho a las ayudas», matiza Turrado quien señala que «la normativa no ha cambiado en los últimos años y no tiene pinta de cambiar».

El criterio de la Comisión Europea para el reparto de ayudas define como agricultor en activo a quien demuestre que al menos el 5% de sus ingresos totales provienen del campo, un perfil cuestionado por el Tribunal de Cuentas europeo que propone que el agricultor en activo debe estar reconocido como tal por un organismo público y excluir al resto de las ayudas directas, es decir, a los «agricultores de sofá».

Pese a todo, el secretario general de Asaja ve difícil alcanzar una solución ya que cuestiona las últimas declaraciones en referencia a excluir de las ayudas a los campos de golf o los aeropuertos. «¿Pero es que tenían ayudas?», se pregunta Turrado que añade que «otros muchos más también. Son declaraciones para llamar la atención pero que no van a cambiar el problema».

Otra de las cuestiones que, según el representante de Asaja, «no es fácil de entender», es que alguien que trabaja el campo y que percibe ayudas «no cotice a la Seguridad Social». «Me parece una barbaridad —asegura— ya que lo mínimo que se puede exigir es que un trabajador a tiempo parcial tenga las mismas obligaciones que el profesional de la agricultura».

Sobre este aspecto hay una culpabilidad clara, a juicio de Turrado. «Son las administraciones de aquí, no de Europa, las que han permitido que esta situación se mantenga en el tiempo y son ellos los responsables de que se solucione para no perjudicar a quienes viven del campo, que tienen que aportar de sus ganancias la parte que les corresponde pagar a la Seguridad Social». Mientras tanto, las comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, han mostrado su rechazo unánime al planteamiento de la UE de condicionar el 30% de los pagos directos a las nuevas exigencias medioambientales.