Anulan las licencias de una fábrica tras nueve años de litigio

Tras nueve años y medio de litigio, un juez ha declarado nulas las licencia de apertura de una fábrica de ataúdes de Brazuelo. El demandante, un empresario del sector agroalimentario de la zona, denunció al Ayuntamiento de la localidad por no seguir, entre otras cosas, el procedimiento establecido para estos casos que obliga a notificar a los colindantes la instalación de una actividad clasificada como molesta y peligrosa.

El proceso podía haberse resuelto sin recurrir al contencioso-administrativo, «sin embargo la actitud del alcalde de Brazuelo provocó que llegase al ámbito judicial enquistando el proceso, y permitiendo que durante este tiempo la fábrica de ataúdes continuara ejerciendo su actividad», según explicó el abogado del demandante, Rafael Nieto.

Según recoge la sentencia, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta no concedió a la fábrica la autorización de uso excepcional de suelo rústico, aunque aun así el Ayuntamiento autorizó la actividad y el permiso de apertura. Sin embargo, en el año 2002, el consistorio revocó las licencias, decisión que recurrió el dueño de la fábrica, logrando que la Administración municipal fallara a su favor y permitió a la fábrica continuar con su actividad habitual. Las instalaciones fabriles incluso llegaron a ampliarse. Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de León ha anulado la resolución municipal y ordena al Ayuntamiento a que se tomen todas las medidas para hacerla efectiva.

En este sentido, la sentencia reconoce la situación irregular de la fábrica de ataúdes que «ha estado funcionando ilícitamente durante doce años, pese a las denuncias que durante este periodo se han interpuesto reiteradamente contra el Ayuntamiento». Además, califica la actividad de la empresa como «molesta y peligrosa», según la Comisión de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, y «potencialmente contaminante», al tratarse de una industria que aplica barnices en frío sobre diversos soportes.

Acatar la decisión

El demandante, tras conocer la sentencia, sólo espera que los responsable municipales de Brazuelo acaten la decisión judicial y le den forma antes del 6 de agosto, así como la paralización inmediata de su actividad y la demolición de «lo ilegalmente construido». Además, asegura que de no ser así, no dudará en cargar a las arcas municipales con la ejecución de la resolución dictada e incluso se exigirán las oportunas responsabilidades penales a los mandatarios municipales. Sin embargo, ayer la empresa continuaba abierta pese a que la sentencia se dictó el 6 de junio.

El abogado del demandante explicó que esta situación responde a la «dejación absoluta de los responsables del Ayuntamiento de Brazuelo, y a su falta total de control municipal tanto en la concesión de las licencias urbanísticas y medioambientales como en el ejercicio de la actividad».