Solicitan dos años y medio de prisión a diez mineros por la huelga del 2010

El juzgado de lo Penal número 1 de los de León pasará vista oral el próximo día 24 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana, a la acusación de un presunto delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad que pesa sobre diez jóvenes, detenidos durante las revueltas mineras de septiembre del 2010 en las inmediaciones de La Magdalena, por el que el Fiscal propone para cada uno de ellos una pena de dos años y medio de prisión más una multa de 900 euros, según ha podido conocer este periódico.

Pese a que el escrito de calificaciones provisionales al parecer de momento no está presentado en los juzgados, los letrados defensores de los diez procesados barajan la posibilidad de emprender una negociación conjunta con el Ministerio Público para tratar de alcanzar un acuerdo de conformidad con el que evitar que sus clientes tengan que someterse a juicio, a cambio de reconocerse autores de los delitos que se les imputan, circunstancia que permitiría reducir en un tercio la pena que propone la acusación pública y que les eximiría del ingreso en prisión que de otra forma planea sobre ellos.

Los hechos que se les imputan datan de mediados de septiembre del 2010. En el transcurso de las revueltas mineras y de las protestas organizadas en disconformidad con los retrasos en la aplicación del Real Decreto que prolongaba las ayudas a la minería del carbón, los trabajadores secundaron una huelga que se materializó en forma de cortes y protestas diversas centralizadas en las cuencas mineras y especialmente conflictivas en los enfrentamientos de la zona de La Magdalena.

En al menos tres ocasiones, las cargas de los agentes del Grupo de Seguridad Rural (GRS) de la Guardia Civil se saldaron con detenciones que provocaron la identificación de al menos diez mineros, que se someten ahora a la acusación de delitos por alteración del orden público y de atentado contra la autoridad, por el que se solicitan las penas referidas.

Los letrados defensores trabajan para ultimar los detalles de un posible acuerdo que evite la celebración del juicio, aunque de momento no han trascendido las calificaciones provisionales más allá de lo que se ha notificado a título individual a cada uno de los afectados, según ha podido conocer este periódico de fuentes judiciales.