El alcalde negociará hoy con Villamanín la deuda de la presa

Los alcaldes de La Robla y Villamanín, los populares Ángel Suárez y Óscar Gutiérrez, mantendrán hoy una reunión sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a los concejales de la anterior corporación municipal roblana a pagar de su patrimonio personal una multa de 600 euros por la deuda de 110.000 euros pendiente con el ayuntamiento de Villamanín desde 1993, cuando La Robla cobró el canon por la presa de Casares de Villamanín de forma indebida.

Según señaló ayer la portavoz del PP, Sara Alonso, la reunión de hoy intentará acercar posturas entre ambos alcaldes ya que el Ayuntamiento roblano se encuentro en una «difícil situación» para hacer frente a la deuda ya que «sólo dispone a través del presupuesto de 16.000 euros para contingencias». Alonso criticó la gestión del PSOE en el pasado mandato en la que «aseguró de forma reiterada en varios plenos que la deuda estaba saldada y que no ibamos a tener ningún problema». «Ahora resulta que tenemos que pagar 600 euros cada uno por un asunto acaecido en 1993, cuando ni siquiera estábamos en política entonces», denuncia la portavoz popular, quien considera «de juzgado de guardia» que no se hubiera atajado este asunto por parte del equipo de gobierno anterior y por el letrado municipal «que ha consentido que se llegara a este extremo, sin presionar para que se abonara la deuda».

Alonso pide un pronunciamiento del concejal de Hacienda en el anterior equipo de gobierno, Santiago Dorado, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y el resto de concejales del PSOE que aún están en la corporación, quienes, a su juicio, «tiene la responsabilidad política de haber llegado hasta aquí».

«Encima, tanto PSOE como IU siguen diciendo que el Ayuntamiento tiene mucho dinero, cuando no hacen más que llegarnos deudas atrasadas de su gestión», remarca Alonso que cuestiona que no sean los concejales de entonces «que aún viven en La Robla» quienes asuman la deuda.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Santiago Dorado, aseguró ayer que «asume» su parte de responsabilidad pero se trata de un asunto que se arrastra «desde hace veinte años». Afirma que el actual equipo de gobierno ya conocía esta sentencia y que «en los 18 meses que llevan gobernando no han hecho nada para solucionar ningún asunto de la economía municipal».