Soria acusa a las empresas mineras de no haber enviado la documentación exigida

El Ministerio de Industria sí se ha reunido con las partes afectadas por el nuevo Plan del Carbón que debería entrar en vigor la próxima semana, pero han sido las empresas mineras las que no han querido facilitar la información que solicitaba el Gobierno. Así lo aseguró ayer el ministro, José Manuel Soria, en los pasillos del Congreso antes de entrar a una comisión.

Soria negó que el nuevo plan vaya a ser aprobado hoy en el último Consejo de Ministros del año, que en cambio sí aprobará las ayudas al funcionamiento de las empresas, correspondientes al ejercicio del 2012. Respecto al plan que establecerá el escenario del sector entre el 2013 y el 2018, que no ha sido negociado con los sindicatos y que las empresas también aseguran que no se ha consensuado con ellas, sino que sólo «se las ha informado de sus líneas generales», el ministro aseguró ayer que aún debe ser remitido a la Unión Europea. «La UE debe analizarlo y decirnos las observaciones que tenga, pero mañana no vamos a llevarlo al Consejo de Ministros».

Ayudas pendientes

Lo que sí parece que aprobará de una vez el Gobierno es el pago de los 111 millones de euros de ayudas al funcionamiento que corresponden al actual ejercicio. Lo hace a tres días de que se cierre el año, y después de haber restado de la cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado del actual ejercicio los 75 millones de euros que quedaron pendientes de pago en el ejercicio del 2011.

También está pendiente de aprobación el real decreto que regula el mecanismo de restricciones por garantía de suministro, que es el marco legal que regula las cantidades y los precios del carbón que las empresas mineras deben vender a las térmicas, en el marco del incentivo implantado por el Gobierno.

Sin este marco, que en cualquier caso no puede entrar en vigor en los primeros días de producción del año, las empresas tanto mineras como eléctricas no disponen de la herramienta necesaria para saber qué producción deben vender el próximo año y a qué precios.

El Gobierno debe convocar a las empresas en una audiencia previa a la aprobación del real decreto, para comunicarle sus términos; y después de abre un periodo de cinco días para presentar las correspondientes alegaciones.

Los sindicatos, por su parte, esperan a que el Gobierno actúe para tomar medidas. No han querido comentar las informaciones sobre la decisión del ministerio de elaborar finalmente el nuevo plan de manera unilateral, pero aseguran que su respuesta será contundente.