El Colegio de Secretarios denuncia que la funcionaria sufre presiones políticas

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León considera que la secretaria del Ayuntamiento de Valderas está realizando su trabajo «correctamente» y que se enfrenta a «una situación muy complicada con presiones procedentes de todos los ámbitos y, en particular, del político». Esta es una de las conclusiones de la reunión mantenida ayer por la tarde por el colectivo para analizar el anuncio por parte de la presidenta del PP, Isabel Carrasco, de la presentación de una queja ante el colegio profesional contra la funcionaria del consistorio.

Los secretarios, que aseveran que la funcionaria de Valderas es interina y no pertenece al órgano colegiado, consideran «denigrantes» las declaraciones de Carrasco, al considerar «incapaz» a la secretaria. En una nota emitida tras la reunión, el colectivo asegura que «nos consta que todos los secretarios hacen su trabajo» y que «por lo que nosotros conocemos, la funcionaria afectada está realizando su trabajo correctamente».

 

«Perplejos»

Aseguran estar «perplejos» porque Carrasco asevere en sus declaraciones que «es la secretaria quien tiene que dirigir el pleno y no hay nada que votar» y se preguntan si «en la Diputación es también el secretario quien realiza estas funciones».

También recuerdan los secretarios que «una de las funciones esenciales de las diputaciones y que justifica su asistencia, en todos los ámbitos, a los municipios de menos de 20.000 habitantes» es el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) para facilitar secretarios a los ayuntamientos en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Diputación realizadas el domingo en las que aseguraba que «desde el SAM no podemos sustituir a otra gente que tiene un trabajo y cobra por él».

El órgano colegiado también manifiesta que, si no se está de acuerdo con la actuación de un funcionario, «en un Estado de Derecho existen vías de impugnación ante los tribunales ordinarios». «Lo que no es de recibod es convertirlo en un estado de ‘insulto y descalificación’ ante todo aquello que a un político no le gusta», aseveran.

Añaden que «el respeto a las personas y a las funciones que legalmente tienen atribuidas los funcionarios de habilitación estatal está por encima de todo y es un principio básico de la ética que debe tener todo representante público».

Finalmente, aseguran que «esta manera de actuar por parte de la persona que realiza las declaraciones se viene produciendo de manera reiterada contra nuestro colectivo, cuando este colegio siempre ha mostrado su voluntad de colaboración con la institución provincial en aras de mejorar el servicio en todos y cada uno de los ayuntamientos y entidades locales».