Alonso se niega a debatir en pleno la posibilidad de cobrar el IBI a la Iglesia
Un juez obliga a la Diócesis de Orense a pagar el impuesto en un municipio gallego.
La Catedral y el Palacio de Gaudí, dos de las propiedades de la Diócesis de Astorga.
Después de que en el mes de mayo el PSOE nacional anunciara que en todos los ayuntamientos abanderados por alcaldes de su grupo se presentarían mociones para intentar que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en Astorga siguen sin cumplir la orden del partido. La alcaldesa, Victorina Alonso, confirmó que «no vamos a hacer nada. No lo vamos a llevar a pleno». Una negativa que la socilaista justificó en que «las leyes deben cambiarse en el Congreso y en el Senado pero no en los ayuntamientos».
Al respecto, la regidora calificó de «inútil» la posibilidad de hacer presión al Ejecutivo desde los municipios y argumentó que «aunque el PSOE consideró que había que hacer fuerza, también hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada consistorio». En el caso de Astorga el volumen de inmuebles que atesora la Iglesia la hacen ser la gran propietaria, «aunque la mayoría están destinados al culto y la educación por lo que están exentos del pago», subrayó Alonso. No obstante, entre todos los bienes, libres y sujetos a pagos, el Ayuntamiento deja de embolsar 200.000 euros al año por este privilegio.
Además, la socialista puso en duda que la Iglesia pudiera asumir este impuesto. «No creo que sea la fórmula. En los tiempos que corren hay que colaborar y la institución está desarrollando una labor importante».
En cuanto a la tardanza, la alcaldesa explicó que hubo intención de consensuar el texto de la moción con los grupos de la oposición para sacarlo adelante, «luego surgieron otros problemas que consideramos más importantes para el municipio, como la supresión de las líneas de autobús y las pedanías y finalmente decidimos esperar por si el Gobierno decidía modificar la ley». Pero lo cierto es que hasta la fecha el equipo de Gobierno de Astorga no ha movido ficha en este asunto.
La polémica suscitada por este privilegio, que además de a la Iglesia, beneficia a todas las confesiones religiosas vuelve a tomar actualidad después de que un juez autorizara al Ayuntamiento de Allariz (Orense) a cobrar 329 euros en concepto de IBI a la Diócesis ourensana por cuatro fincas urbanizables que aparecen recogidas en el plan general de ordenación municipal. La sentencia, que es inapelable, a la que tuvo acceso Efe recogía que «los inmuebles de naturaleza urbana no se hallan en ninguno de los supuestos de exención legalmente previstos». No obstante, el gobierno de esta localidad gallega está preparando un inventario más exhaustivo para que todas las propiedades que tengan obligación de tributar así lo hagan.