Vaivenes normativos y judiciales que frenan una inversión de 500 millones

Los vaivenes normativos que viene sufriendo en los últimos años el sector eólico, a los que se suman además los procedimientos judiciales que han obligado a redactar de nuevo los estudios de impacto ambiental de los parques autorizados en la provincia por la Junta de Castilla y León (en todo caso las moratorias gubernamentales no hubieran permitido su construcción aún) han llevado al otrora pujante sector eólico local a una situación que más allá de la parálisis parece abocada al abandono.

La inversión que los empresarios eólicos tenían comprometida en los parques autorizados en León sumaba un desembolso calculado en 500 millones de euros; pero además los promotores cifraban en 2.500 los empleos en juego en León, no sólo en las propias instalaciones eólicas, sino sobre todo en las industrias de fabricación de componentes eólicos que se crearon alrededor del que se suponía pujante negocio. Empleos hoy prácticamente desaparecidos, como la mayor parte de las empresas que sobre todo en El Bierzo se crearon al amparo de las expectativas de crecimiento de las energías renovables, hoy abortadas en su mayoría.

Las últimas modificaciones introducidas por el Ministerio de Industria no hacen sino ahondar en el desánimo de quienes habían comprometido sus inversiones. Y, más grave si cabe, ponen en peligro la pervivencia de las instalaciones eólicas ya en funcionamiento. El Gobierno ha criticado reiteradamente el elevado coste de las primas a las renovables. Pero el compromiso en su día fue de ese pago, y las cuentas de las empresas se hicieron sobre aquella situación, no sobre la actual.