El sector eólico calcula unas pérdidas de 69 millones y anuncia un recurso en la Audiencia Nacional

El sector eólico calcula que la modificación del modelo energético en España a raíz de la aplicación del último Real Decreto aprobado por el Gobierno central, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, supondrá unas pérdidas de 69 millones de euros en Castilla y León en 2013, una cuarta parte del total nacional (299 millones), algo que se justifica en que la Comunidad tiene instalada una potencia acumulada de 5.510 megavatios de este tipo de producción dependiente del viento, la primera del país, que en conjunto contempla 22.785 megavatios.

En España, calculan que hasta 2020 el sector dejará de ingresar 6.000 millones, mientras que en el último año y medio, los ingresos por esta actividad se han reducido en Castilla y León aproximadamente un 18 por ciento. En la actualidad, hay 236 parques eólicos a pleno rendimiento y 1.500 personas empleadas en el sector en la Comunidad.

Por ello, la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl) avanzó, en declaraciones a Ical, que tiene preparado un recurso contra las últimas medidas determinadas por el Ministerio de Industria, que presentará ante la Audiencia Nacional, competente en decisiones legislativas del Ejecutivo central, «por quebrar el sistema y el principio de rentabilidad razonable», una cuestión que ahora se puede convertir en pérdidas para los promotores, según apuntó el secretario general de la organización, Eugenio García Tejerina.

En este sentido, recordó que este problema está causado por el cambio de las reglas a mitad del juego, pues las inversiones realizadas por las empresas de energías renovables se desarrollaron en base al Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior, y garantizaba siempre unas tasas de rentabilidad razonable. La nueva norma, aprobada a principios de febrero, infringe este mismo principio, establecido en la Ley del Sector Eléctrico, por lo que pone en peligro también la seguridad jurídica y confianza legítima y amenaza la rentabilidad de parques eólicos.

Cambio de reglas

«Si haces inversiones al amparo de una norma y luego te la cambian, hasta los bancos que te han financiado tienen dudas. Este hecho genera desconfianza incluso fuera del país. No podemos tirar con esto todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la imagen de España en el exterior, porque nos consta que se aprecia», señaló el secretario de Apecyl, quien definió como una «argentinización» esta medida del ministro de Industria, José Manuel Soria, y añadió que cuando desde España se ven «las expropiaciones de grandes empresas desde Bolivia todo el mundo se echa las manos a la cabeza, y estas medidas que se aplican aquí en materia energética tienen una repercusión similar hacia el exterior».

La Asociación Eólica Española (AEE) recuerda, al respecto, que cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico tuvieron en cuenta los costes operativos, los de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años. Por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de dos décadas es «crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable».

Apecyl pondrá sobre la mesa todas estas reivindicaciones durante las jornadas anuales sobre energía eólica que celebrará el 7 de marzo en el Museo de la Ciencia de Valladolid, a la que asistirán representantes de Red Eléctrica Española (REE) y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otros.

En este foro se abordará esta problemática, que se argumenta, según García Tejerina, en que la nueva normativa suprime la posibilidad del cobro para las empresas del precio de mercado eléctrico diario, conocido como 'pool', más la prima. Esto es, que en función del primero se establece un complemento. «Si el precio de mercado bajaba, aumentaba la prima y si subía, la prima se reducía porque siempre había un techo», sostuvo. Este plus se determinaba en base a la venta directa de energía y a los peajes de acceso, procedentes de las distribuidoras, el transporte o las propias renovables.

A partir de ahora las empresas optarán por la tarifa fija, pues quien acuda al mercado sólo cobrará el precio que marque el 'pool'. El secretario de Apecyl lamenta que los inversores se preguntarán ahora «para qué van a invertir a futuro, porque son cantidades altas de dinero y no pueden arriesgarse». «Con esta decisión el sector queda arreglado», ironizó.

En este sentido, Apecyl considera un «escándalo» que cada dos semanas se aprueben medidas de recorte de retribución nuevas en un sector «que no se puede deslocalizar y que está secuestrado por la absoluta regulación del Gobierno». Destaca García Tejerina que la «foto» actual en España es la «falta de equilibrio por la ausencia de un modelo energético estable» causado por las decisiones continuas de los dos últimos gobiernos, «ya que es un ámbito totalmente regulado».

Hasta un 18% menos

En los últimos años han sido sucesivos «los ataques» al sector eólico del país y de Castilla y León. Así, el exministro Miguel Sebastián determinó la rebaja temporal del 35 por ciento de las primas a los parques en marcha y para ello justificó que era para reducir el déficit de tarifa. «Ninguna de estas medidas logrará ese objetivo», especificó García Tejerina, quien explicó que posteriormente, José Manuel Soria aprobó negar más primas a los parques eólicos, que sólo percibirían su retribución en base al mercado.

A ello se sumó la decisión de la Junta de implantar la 'ecotasa', «que penaliza la generación no contaminante», como son la eólica y la hidráulica, a las que grava un cuatro por ciento de sus ingresos, lo que en la Comunidad se traduce en torno a 30 o 40 millones de euros anuales. El 28 de diciembre de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde a una serie de medidas para la sostenibilidad del sistema energético, «sin consultar con el sector», que incluía un gravamen del siete por ciento sobre el importe de venta de la producción.

Finalmente, en los últimos días de enero y «de forma sorpresiva», recordó García Tejerina, Industria puso en marcha un nuevo sistema de tarifa regulado sacándolo del mercado, lo que significará unas pérdidas a mayores de entre un siete y un ocho por ciento. En total, si se tienen en cuenta las «decisiones políticas y arbitrarias tomadas en algo más de un año», los ingresos del sector se han reducido en Castilla y León aproximadamente un 18 por ciento: «No hay modelo que soporte esto. Es la foto que tenemos hoy, con empresarios refinanciando deuda, socios pagando dinero con efecto inmediato...»

Asociación Empresarial Eólica va un poco más allá y advierte de que se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector «fuertemente apalancado», ya que muchos parques pasarían a los balances de la banca y promotores, de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario, lo que supone «una fuerte pérdida de competitividad».

Riesgo de interrumpibilidad

En paralelo a las críticas por las sucesivas medidas para recaudar a costa del sector de las renovables, García Tejerina lamentó que existe un componente denominado riesgo de interrumpibilidad, por el que el Ejecutivo suscribió acuerdos con grandes empresas e industrias del país que son importantes consumidores de energía y que consiste en que estas compañías asumirían el corte voluntario de electricidad en sus plantas cuando se registraran picos elevados de demanda.

Por este concepto reciben un complemente del Estado. Ahora esa cifra asciende a 255 millones de euros anuales, una medida reprobada desde el sector eólico por que el riesgo de interrumpibilidad «hoy en día es cero», con lo que en la actualidad no tiene justificación. «España puede ser autosuficiente con la capacidad instalada que tiene, por lo que este dinero es una subvención escondida a determinadas empresas, justo en un momento en el que a las renovables se le da por todos los lados».