El PSOE de León y la UPL llevarán el caso al pleno de las Cortes
El PSOE y la UPL anunciaron ayer que llevarán a las Cortes la supresión de la ESO en Riaño. La procuradora socialista Ángela Marqués presentó ayer dos iniciativas para su aprobación en el hemiciclo mediante las que se pretende evitar que la Junta «cierre» el primer ciclo de la ESO en Riaño, Vega de Espinareda y Toral de los Vados, que se ha tomado «a traición» y sin contar con las familias.
En la proposición no de Ley, el PSOE reclamará «un proceso real de consenso y diálogo con las familias afectadas» para que «no se tome ninguna decisión que no esté avalada y respaldada» por todas las partes y estos centros sean catalogados como Centros de Educación Obligatoria.
Además, también se presentará otra proposición similar para plantear un plan de reestructuración de las rutas de transporte escolar para que ninguna de ellas supere los 45 minutos de duración, a pesar de que en la provincia de León un «número considerable» de ellas alcanza los 60 minutos.
Marqués rechazó el planteamiento de la Junta de combinar el transporte ordinario y el escolar ya que «las medidas de seguridad para los alumnos no se podían contemplar», por lo que la situación «preocupa» ya que incidiría de igual forma en el rendimiento académico.
Pregunta de Valderas
Por su parte, el procurador leonesista, Alejandro Valderas, preguntará en el próximo pleno a la Junta por el cierre del ciclo que, según denuncia en un comunicado «condena a los alumnos a recorrer casi 70 kilómetros de ida y vuelta a Cistierna o bien mandar a los alumnos internos en la residencia del Instituto de Astorga» en que señala que la iniciativa parte «de la preocupación e inquietud en la población de Riaño, el concejal de UPL en la localidad, Guillermo Hernández». «Es obvio, que la Junta de Castilla y León, y más concretamente la Dirección Provincial de Educación, no son conscientes de lo que implica este recorte en una zona rural, como la de Riaño donde los desplazamientos en épocas invernales sean especialmente dificultosos», según Valderas. Ante esto, UPL, denuncia que esta posición que «es una muestra más del interés de la Junta por acabar con el mundo rural, eliminando servicios fundamentales y evitando así cualquier posibilidad de fijar población en la montaña leonesa».