Dos años de prisión por estafar 140.000 euros en la sucursal en la que trabajaba
El empleado no ingresará en la cárcel, pero deberá reintegrar el dinero defraudado.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha condenado al empleado de una entidad bancaria de La Bañeza a la pena de dos años de prisión al considerarlo autor de un delito de estafa en concurrencia con otro de falsedad continuada en documento mercantil. El reo deberá, además, abonar la cantidad defraudada al banco, que ascendía a 140.381,48 euros, de los que ya ha abonado parte. Además, la sala le impone cinco meses de multa a razón de tres euros diarios en concepto de responsabilidad civil subsidiaria y el pago de las costas procesales.
El acusado no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales computables y no superar la pena los dos años de prisión. El fallo tiene en cuenta que en el acusado concurren las circunstancias atenuantes de reparación del daño causado, así como sufrir adicción al juego (ludopatía), hecho este último que «disminuye notablemente sin anularlas sus facultades intelectivas y volutivas». La patología, ya se había diagnosticado en le momento de dictarse la sentencia y el acusado recibe tratamiento para superar el trastorno.
La sentencia declara probada, de conformidad entre acusaciones y defensa, que de octubre del 2010 a marzo del 2011 el empleado de la sucursal bancaria de La Bañeza «aprovechaba la información que obtenía como consecuencia del trabajo que desempeñaba en dicha entidad y, utilizando, sin su consentimiento, la clave de acceso del subdirector de dicha sucursal [...], realizaba operaciones (por importes nunca superiores a 20.000 euros) de apertura de contratos de tarjetas de créditos (de las que disponía a través de tarjeta o de banca electrónica), venta de valores, operaciones en bolsa y transferencias en cuentas de otras personas, generalmente familiares, para posteriormente dirigir tales ingresos a sus cuentas o efectuar apuestas on line» . Además «realizó dos contratos de apuestas on line » y obtuvo «14.800,03 euros» mediante la apertura de dos contratos de crédito.
La Fiscalía solicitaba para el acusado cinco años de prisión y una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros, mientras que la acusación particular elevaba la pena de privación de libertad en sus conclusiones provisionales a 8 años. La defensa del acusado estimó que en la actuación de éste «concurrían las atenuantes de reparación del daño, de ludopatía y de confesión de hecho» y solicitaba una pena de seis meses de prisión.
La sala dictó la sentencia de conformidad entre el acusado y el letrado que le representó y el Ministerio Fiscal.