Ecologistas rechazan la resolución de la Junta de abatir 137 lobos en la temporada de caza
La Junta de Castilla y León aprobó la autorización de abatir 137 lobos en la temporada de caza, una decisión que no ha gustado entre las organizaciones conservacionistas, representadas en este caso por WWF y Ascel, que rechazan esta resolución porque «se ha tomado sin criterios que la avalen y sin haber convocado la reunión del Comité Técnico de seguimiento del plan de gestión de la especie».
En un comunicado, piden a Fomento y Medio Ambiente que retire la resolución y que convoquen de forma urgente a este organismo. Además, recurrirán a las instituciones europeas para que «pongan freno a esta campaña contra una especie protegida por las Directivas Europeas».
El viernes, el Gobierno autonómico publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la asignación de cupos comarcales para abatir 137 lobos, lo que corrobora, para WWF y Ascel, «la intensa campaña de hostigamiento que la especie está sufriendo en la Comunidad, en la que la Junta parece haber optado por una gestión encaminada a erradicar la especie».
A su juicio, así lo indica la «falta de respuesta de la Administración» a las peticiones de información de las ONG, así como la solicitud de una reunión urgente del Comité del Plan de Gestión del Lobo, realizada en julio.
Las organizaciones, representantes de las entidades conservacionistas en el Comité, demandaron a la Junta explicaciones sobre los criterios que utiliza para tomar decisiones como permitir batidas de lobos en época de cría y en espacios protegidos o para fijar un cupo de 137 lobos a abatir en la temporada de caza. Estas decisiones, añadieron, «parecen estar siendo tomadas más por respuesta a presiones de ciertos sectores».
Ascel y WWF reclamaron recientemente una reunión del Comité del Plan de Gestión del Lobo para que la Junta informase sobre el borrador del nuevo Plan de Gestión, «que debería haber sido presentado hace meses», los resultados de la primera fase del censo autonómico o las actuaciones desarrolladas por la Consejería en relación a la aparición de al menos dos lobos, presuntamente envenenados, en la zona de Tierra de Campos (Valladolid).
Asimismo, el Gobierno regional debía informar sobre la situación poblacional de la especie, los resultados de la temporada de caza 2012-2013 y los daños causados por la especie y medidas adoptadas ante ellos. Ante esta situación, WWF y Ascel anunciaron que defenderán «con todas las herramientas legales a su disposición» la conservación del lobo ibérico.