sahagún
Los usuarios del cámping tardan once años en cobrar los daños de una riada
El Consistorio debe abonar 66.000 euros de indemnización y 10.400 de intereses.
Una vista parcial de las instalaciones del cámping Pedro Ponce.
Finalizan ahora once años de pelea entre 18 usuarios del Cámping Pedro Ponce, de Sahagún, y el Ayuntamiento de la villa por el cobro de las indemnizaciones que reclamaban los primeros tras inundarse el campamento turístico en el 2002 debido a una crecida del Cea. En total, 66.341,31 euros reconocidos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo del 2009. A esta cantidad se suman 10.424,03 euros en concepto de intereses, por el retraso del Gobierno municipal facundino en hacer efectivo el pago.
Los campistas cobran mientras que el Ayuntamiento de Sahagún suelta el dinero incluidos intereses —principal punto de disputa—y se lleva un tirón de orejas del TSJ. El tribunal autonómico deja claro «el retraso en el cumplimiento de la sentencia» en su auto del 2 de septiembre, en el que desestima el último recurso de súplica del Consistorio.
Hasta el Supremo
En su largo recorrido jurídico el asunto ha llegado del Pleno de Sahagún hasta el Tribunal Supremo (TS), con la votación de la asamblea municipal como única resolución favorable al Ayuntamiento, ya que el TS confirmó en julio del 2010 la sentencia del TSJ.
La reclamación de los campistas se encontró en el 2002 con el no del Ayuntamiento, por lo que se planteó un contencioso ante el TSJ en diciembre de ese año que se resolvió seis años y medio después, con la condena del Ayuntamiento y de la concesionaria que explotaba el Cámping, La Cota de la Matica, S.L., por los daños de la inundación. Gracias a un embargo, los demandantes cobraron parte de la indemnización y hasta aquí llegó la historia de los campistas con la mercantil, condenada solidariamente con el Ayuntamiento. Pero este aún llevó el caso al Supremo.
A finales del 2012, se remitió un escrito al TSJ pidiendo la ejecución de la sentencia y en septiembre, el TSJ remitió a Sahagún una diligencia en la que requería al alcalde, Emilio Redondo, «que bajo su directa y personal responsabilidad dé puntual y urgente cumplimiento a lo acordado» en el fallo judicial, obligándole a comunicar a la sala certificación de las órdenes de pago. Tras diferentes trámites judiciales, el proceso ha terminado en septiembre.