El Procurador del Común insta a la Junta a «agilizar» el inventario de caminos y pistas forestales

El Procurador del Común, Javier Amoedo, resolvió una actuación de oficio en la que insta a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a « agilizar en la medida de lo posible » la elaboración del inventario y caracterización de caminos y pistas forestales de la comunidad, de manera que pueda estar concluido « en su totalidad » en el año 2015. Así se ha resuelto después de las quejas reiteradas presentadas en relación a la circulación de vehículos a motor por pistas forestales, caminos y veredas de Castilla y León situados fuera de la red de carreteras.

De la misma forma, Amoedo reclamó a la Consejería que se determinen los caminos, pistas o veredas que tienen la consideración de «pistas forestales», así como la elaboración de un protocolo para señalizar y dar publicidad al conjunto de pistas forestales inventariadas y caracterizadas. De manera «transitoria» y hasta que finalice el proceso de desarrollo normativo de la nueva Ley de Montes, se pidió también la elaboración de las instrucciones oportunas, destinadas al personal técnico, agentes forestales o agentes mediambientales para que la aplicación de la norma se realice de manera «coherente y por igual» en todas las provincias.

Esta actuación de oficio del Procurador del Común se inició a raíz del crecimiento de la problemática con la entrada en vigor del artículo 54 bis de la Ley estatal de Montes, en la que se recogía que el acceso público a los montes podía ser objeto «de regulación por las administraciones públicas competentes», así como que la circulación de vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras sería limitada «a la servidumbres de paso que hubiera lugar, la gestión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de las administraciones públicas competentes».

Este artículo fue objeto de recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León, resuelto por el Alto Tribunal, que desestimó el recurso, al entender que corresponde a la administración central establecer las limitaciones a la circulación motorizada, ya que corresponde al Gobierno modular las prohibiciones establecidas «con carácter básico». Por eso, desde el Procurador del Común se consideró que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente puede adoptar las medidas oportunas en función de las limitaciones establecidas en la normativa estatal.

Por ello, el pasado mes de agosto se presentó desde la Junta el ‘Programa e inventario de los caminos y pistas forestales», un documento en el que se informa de que Castilla y León cuenta con unos 250.000 kilómetros de caminos y pistas, de los que 120.000 atraviesan o dan servicio a terrenos forestales, y los restantes son meramente agrícolas. En esa fecha, la Junta había inventariado el 70 por ciento de los caminos y pistas y el proceso se estima que finalizará en el año 2015, aunque el trabajo de recogida de datos se ha iniciado en el 85 por ciento del terreno forestal y completado en las provincias de Soria, Segovia y Palencia.