Imputados ocho responsables de empresas de Astorga y Ponferrada por el vertido de residuos
Durante el último año y medio, el Seprona de León ha realizado otras cuatro operaciones con 22 detenidos e imputados y más de 50.000 toneladas de residuos ilegales
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de León ha imputado a ocho personas por el vertido de residuos de forma incontrolada e irregular. Todas, vecinas de Ponferrada y Astorga, son responsables de cuatro empresas de transporte y gestión de residuos, a los que se les imputan sendos delitos contra los recursos naturales y en el medio ambiente, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León, que precisaron que los imputados tienen entre 36 y 66 años.
Dentro de las denominadas operaciones reciclaje que se efectúan en las empresas generadoras, transportistas y gestoras de residuos que operan en la provincia de León, el Seprona ha detectado un “grave” incumplimiento de la normativa medioambiental en estas empresas en las que su principal actividad mercantil gira en torno al transporte o tratamiento de residuos. En concreto, con el vertido de residuos evitan los costes que genera el llevarlos a un centro de tratamiento autorizado.
En las investigaciones se comprobó que el ‘modus operandi’ utilizado por una de las empresas investigadas consistía en retirar los contenedores de residuos e, incumpliendo su obligación de entregarlos a un gestor autorizado, vertilos en un vaciado de obra, para posteriormente cubrirlos con tierra vegetal. Se estima que se han enterrado unos 3.600 metros cúbicos de residuos vertidos sin ningún tipo de control previo de separación de materiales, mezclados incluso con otro tipo de residuos que tienen un tipo de gestión específica con el consiguiente perjuicio y riesgo para el medio ambiente.
Las otras tres empresas investigadas, que ejercían su actividad en la comarca de la Maragatería, también estaban dedicadas al transporte y la gestión de residuos, aunque en su caso entregaban en planta una mínima cantidad para justificar su actividad, gestionando el resto de manera ilegal, contraviene lo establecido tanto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, así como lo establecido en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
Las empresas dedicadas a la recogida o transporte de los residuos de construcción y demolición (RCD’s) están obligadas a entregar los residuos para su tratamiento a una empresa autorizada, así como disponer de acreditación documental de las entregas. Dicha obligación ya se recogía en la derogada Ley 10/98 de Residuos así como en la actual, Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, en concreto en su artículo 20.2 establece las obligaciones de las empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional, especificando que tienen que entregar los residuos para su tratamiento en plantas o empresas autorizadas, y disponer de una acreditación documental de esa entrega.
Los vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición generan un gran impacto ambiental, contaminando los suelos, los acuíferos y produciendo un gran deterioro paisajístico, el hecho de que el poseedor, esté obligado a sufragar el coste de la gestión de los residuos, hace que el mismo busque la manera de evitar o en su caso minimizar esos gastos, bien abandonándolo en los lugares más insólitos, vertiéndolo clandestinamente en vaciados de obra o en vertederos clandestinos, evitando con ello llevarlo a una planta autorizada.
En el transcurso del último año y medio, el Seprona de la Comandancia de León ha realizado otras cuatro operaciones por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente con un total de 22 detenidos e imputados y más de 50.000 toneladas de residuos vertidos irregularmente. Los imputados y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada y del Juzgado de Guardia de Astorga respectivamente.