Seis meses de prisión por tratar de cobrar una obra que ya habían pagado

Seis meses de prisión y el pago de una indemnización al denunciante por las costas procesales de primera instancia y las resultantes del proceso en la Audiencia Provincial, «incluidas las de la acusación particular», constituyen la pena impuesta a un constructor como autor de un delito de falsedad en documento privado en concurso con otro de estafa en grado de tentativa. Por este motivo, primero falsificó el contrato de obra para denunciarle por impago ante el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna. finalmente se descubrió que la reclamación del constructor no era legítima, sino un engaño.

La sentencia condenatoria contra el constructor es de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y se dictó de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular, el acusado y su defensa el pasado mes de octubre.

Los hechos se remontan al año 2008, cuando el reo, administrador único de una empresa constructora, «con ánimo de beneficiarse ilícitamente» presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna una demanda contra un cliente en la que reclamaba el pago de 87.788,80 euros por una obra ejecutada en una vivienda de Prioro.

El contrato, «alterado»

Según indicó entonces, el importe resultaba de la rehabilitación de una cuadra aneja a la vivienda. El acusado presentó ante el juzgado un contrato de obra fechado el 1 de julio del 2006, que, según cita la sentencia, «había alterado previamente en sus dos primeras hojas, ya que en el contrato original se había pactado un precio cerrado tanto para la rehabilitación de la vivienda como de la cuadra aneja, precio que ya había sido abonado», según se considera probado.

El constructor, «con el solo propósito de inducir a error al tribunal y de perjudicar al dueño de la obra» aportó al procedimiento civil, que inició en el Juzgado de Cistierna, las facturas de arreglo de la cuadra.

El acción judicial iniciada por la denuncia en falso del constructor quedó interrumpida en el Juzgado de Cistierna al iniciar el cliente acciones penales contra el constructor por los delitos por los que finalmente le han condenado.