Los afectados recurren la denegación de ayudas del incendio de Castrocontrigo

La Plataforma de Afectados por el Incendio de los Montes del Teleno, que ocurrió durante el verano del 2012, recurrirá la decisión del Ministerio de Agricultura de denegar las últimas ayudas solicitadas para paliar los daños del fuego. El presidente de la agrupación, Carlos Abajo, confirmó que «se iniciarán los trámites por la vía administrativa y se presentará un recurso de alzada». Desde la plataforma critican que la negativa se sustente en la falta de seguros, y denuncian que la resolución de la administración, que llegó de forma oficial el martes, «viene a contradecir las últimas informaciones, según las cuales las ayudas sí se iban a conceder».

No obstante, afirman que esta es la cuarta ayuda que solicitan con «idénticos resultados» y consideran que lo único que han recibido hasta ahora las personas afectadas por el incendio de Castrocontrigo «es un mareo notable en sucesivos y estériles laberintos burocráticos». Aseguran, además, que combatirán legalmente «esta injusticia» hasta donde lleguen sus recursos y califican de «gravísima» esta situación que «condena y juega con las esperanzas de las familias de recibir aquello que les pertenece».

Los afectados por el incendio de Castrocontrigo tampoco tienen constancia de las inversiones de la Junta de Castilla y León para la restauración de la zona, según denunció Abajo, que recalcó que «el Gobierno Central ya cumplió con su compromiso, mientras que el autonómico hace silencio».

En este sentido, desde la plataforma recordaron que, según el acuerdo con el Ejecutivo, la Junta debe aportar el 50% de la inversión total, «alrededor de 4,5 millones de euros», reconoció Abajo, quien denunció que «ni siquiera se ha presupuestado». La asociación espera que esta situación tenga fecha de caducidad y «el acuerdo no se quede en un amago en falso» porque aseguran que «aún queda mucho por hacer en relación a la restauración de los montes».

Finalmente, los afectados reiteran, una vez más, «la dejación de funciones» por parte de la mayoría de las entidades locales que «no han movido un dedo para defender el patrimonio común».