santa lucía de gordón
Mutismo absoluto en la Junta sobre la decisión de asumir la tutela de los bebés
La familia teme que al no entregar al de dos meses no puedan ver más al de un año.
La madre de los bebés, entre las dos abuelas, y un amigo de la familia, en Santa Lucía.
Nadie en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León quiso ayer dar ningún tipo de explicación sobre los motivos por los que los Servicios Sociales asumieron la tutela el pasado mes de marzo de un niño de 18 meses, Neizan, y pretende ahora hacer lo mismo con su hermano Nahim, de tan solo dos meses edad, a los que sus padres, que viven en Santa Lucía de Gordón, han escondido para que no sea llevado a un centro de acogida como ocurrió con su hijo mayor. «No vamos a hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto ya que se trata de menores y así lo exige la fiscalía», aseguran desde el gabinete de prensa de la delegación territorial en León.
Los padres de los menores, de 16 y 18 años, no entienden las razones por las que la administración quiere arrebatarles a sus hijos, y niegan que se encuentren en una situación de «desamparo», tal y como asegura la Junta en su informe, en el que además detallan que los progenitores «carecen de habilidades parentales y de conciencia del problema», mientras que acusan a las abuelas, una viuda de un minero y otra separa y con trabajo, de «no realizar funciones de control respecto a sus hijos y nietos, y de justificar sus comportamientos inadecuados».
La abuela paterna de los niños teme ahora que tras la negativa de entregar al pequeño a los Servicios Sociales, que el pasado viernes se presentaron en la casa en la que residen para llevarlo, no les dejen ver a su hermano que permanece en el centro de acogida Alba, y al que visitan todos los miércoles durante una hora.
El pequeño de dos meses vive con su madre, de 18 años de edad, y con su padre, de 16, en casa de su abuela materna.
Por su parte, el alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón, que estaba perfectamente al tanto del asunto, aseguró ayer que se trata de un tema muy delicado ya que «están en juego los derechos del niño y la dignidad de las personas».
El regidor popular hizo referencia a que «este asunto se ha tratado con la máxima discreción y dentro del ámbito de los Servicios Sociales con consideraciones hechas por profesionales y respetando sobre todo las competencias de la Junta de Castilla y León». Por ello, como alcalde del municipio, aseguró que no pueder entrar hacer ninguna valoración más de este caso.