La Junta no ha reclamado el coste de ninguno de los 319 incendios de 2013

La Junta de Castilla y León no ha reclamado por la vía civil el coste de ninguno de los 319 incendios que el año pasado se produjeron en la provincia, a pesar de que casi el 95 por ciento de ellos son provocados, bien por negligencias o bien por la mal intencionada mano del hombre. Por este motivo, no se ha recuperado ni un solo euro de los cerca de 600.000 que el año pasado costaron las labores de extinción de las 2.999 hectáreas que ardieron en los distintos incendios forestales que azotaron la provincia.

Según denunció en su día la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León, la Junta no puede reclamar judicialmente el coste de los incendios, ya que al no investigarse la mayoría de los incendios forestales no se recaban las suficientes pruebas para sentar ante un juez a los supuestos autores, que incluso en muy pocos casos son identificados.

A la hora de ajustar cuentas con la justicia cuando se quieren exigir responsabilidades por un incendio forestal, la Junta de Castilla y León puede optar por la vía administrativa, cuando se trata de una infracción que derive en sanciones o indemnizaciones por daños y perjuicios, por la vía penal en el caso de que los hechos sean encuadrables en el Código Penal como delitos de incendios o una tercera vía, la civil, para los casos en los que no exista una infracción de la normativa de incendios forestales pero se produzca la intervención de medios públicos y haya un autor conocido de los hechos. En ese caso la Junta podría exigir los gastos de las labores de extinción al responsable, sea una empresa o un particular, y si no paga en periodo voluntario se embarcaría en un proceso de responsabilidad civil extracontractual.

Falta de pruebas

A pesar de que la Junta asegura que se investigan el cien por cien de todos los incendios forestales, los agentes denuncian que la ausencia de brigadas de investigación, más conocidas como BIIF, hace que solo se llegue al fondo de la cuestión en aquellos siniestros mayores de 500 hectáreas o que tiene cierta repercusión en los medios de comunicación, por la participación de la UME en las labores de extinción o por la declaración de algún nivel de emergencia. Apamcyl asegura que «en esos casos se cuenta con los agentes del Servicio de Protección de la Naturales de la Guardia Civil (Seprona) para realizar una investigación exhaustiva de las causas del siniestro».

En los últimos cinco años la Junta de Castilla y León ha contado con los servicios de una empresa privada llamada Eural para investigar las causas de los incendios y emitir los pertinentes informes. El contrato de estos servicios suponía un coste a la administración de 1,5 millones de euros al año, según datos de la Asociación Profesional de Agentes Forestales. A pesar de que el pasado 2013 la Junta ya no ha contratado estos servicios, por los ajustes presupuestados llevados a cabo en todas las consejerías, desde Fomento y Medio Ambiente se asegura que se investigan el cien por cien de los incendios forestales, hecho desmentido por los agentes que apuntan que lo único que se hace es una inspección ocular que se plasma en un formulario en el que se especifica la causa probable del incendio. «Con este cuestionario hecho a base de cruces, y la ausencia total de pruebas, la Junta no puede ir a ante un juez a reclamar a nadie los gastos de extinción del incendio a sus responsables ni puede llegar a detener a su supuesto autor», denuncian los forestales.

Creación de BIIF

Por este motivo, los forestales reivindican la creación de BIIF en todas las provincias con el fin de que se investiguen minuciosamente todos los incendios forestales, y para que el Gobierno autonómico tenga pruebas e informes suficientes para reclamar a los negligentes o a los pirómanos el coste de estos siniestros que suponen un gasto millonario al año para las arcas públicas.

Además, en la mayoría de los casos en los que los incendios son producidos por el uso negligente de motores o máquinas, los responsables son empresas constructoras, forestales o compañías eléctricas que tienen suscritas pólizas de seguros de responsabilidad civil que deben cubrir los gastos generados en este tipo de siniestros.