LA POLÉMICA DEL ABONO
Gersul paraliza el reparto de compost a los agricultores para evitar alarmas
Cambia el destino de la materia orgánica que producía el abono para generar energía.
Imagen del interior del complejo del CTR de San Román, donde cada día llegan toneladas de basura de toda la provincia.
Ante la polémica suscitada por el compost producido en el CTR de San Román de la Vega tras la denuncia del alcalde socialista de Villaobispo de Otero y las quejas de los ayuntamientos del PSOE de la Cepeda y la Maragatería, poniendo en duda la idoneidad de este abono para los cultivos, Gersul ha decidido paralizar su reparto entre los agricultores, particulares y empresas de reforestación.
Así lo confirmó ayer la presidenta de este consorcio y responsable de la Diputación, Isabel Carrasco, quien aseguró que cesan la distribución de este compost «para evitar crear alarma». Recordó que desde el CTR se lleva años repartiendo este material de forma gratuita, «mientras en otras provincias cobran por esto; hemos permitido un ahorro a los agricultores y hasta ahora nadie se había quejado».
La nueva misión de la materia orgánica que se empleaba para la producción del compost será la generación eléctrica. Se trata de algo más del 30% de los residuos que cada día llegan al CTR y que ahora se destinarán a «optimizar» la creación de biogás para obtener energía.
Un informe de Gersul evidencia que desde la puesta en marcha del complejo de San Román (septiembre de 2004), el consorcio ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros por no cobrar el compost elaborado: más de 73 millones de kilos desde su apertura y estimando un precio de 18 euros por tonelada. «Durante este tiempo no se ha recibido ninguna denuncia de los usuarios del producto que ponga en cuestión su calidad», apunta el documento.
El informe pone de relieve que el compost producido en el CTR «cumple con las características de calidad exigidas por la legislación vigente» y adjunta los resultados del último análisis realizado que refleja que «no supera en ningún caso los valores de los límites fijados legalmente y confirma la ausencia de contaminantes, productos tóxicos o peligrosos».
Apunta también que las denuncias «carecen de fundamento cuando cuestionan la calidad del producto».