Los pueblos de 5.000 vecinos sólo podrán gestionar los cementerios

El decreto del PSOE contra la reforma local suma ya 64 ayuntamientos.

Julio Fernández, Tino Rodríguez y Santiago Dorado, ayer.

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maría carnero | león
León

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El PSOE de León presentó ayer el resultado del minucioso trabajo que están realizando en la provincia para recabar apoyos con los que tumbar en el Tribunal Constitucional la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El secretario provincial socialista, Tino Rodríguez, avanzó que ya son 64 los municipios leoneses que han aprobado en sus plenos el recurso orquestado por la agrupación del PSOE para frenar la reforma en los tribunales. Estos 64 municipios representan a más de 204.000 leoneses, repartidos en casi 500 pueblos. Según Rodríguez, el resultado ha superado todas las expectativas, ya que los ratios generales exigen el respaldo de un séptimo del total de los ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población, que traducido a cifras implica que un mínimo de 1.160 ayuntamientos que representen a más de 7,5 millones de habitantes.

Se trata de una ley «demoledora» y que atenta contra los derechos y competencias de las juntas vecinales a las que trata como «menores de edad, ya que les considera incapaces de gestionar sus recursos. Así lo explico el secretario provincial de Política Municipal, Santiago Dorado, que avanzó que tras la reforma local los municipios menores de cinco mil habitantes tan sólo tendrán siete competencias, seis de ellas (saneamiento, aguas, basuras, limpiezas, accesos y alumbrado) con permiso de la Diputación para poder prestarlas, por lo que sólo podrán gestionar por ellos mismos los cementerios.

Para Rodríguez este recurso es «un rechazo a toda la política de Rajoy y también de Carrasco» y destacó que «recorta de todos menos gastos, ya que recorta servicios, derechos, financiación y en definitiva municipalismo» y afirmó que León es la provincia más castigada por esta reforma ya que «pone en jaque mate a todas las juntas vecinales a partir del 31 de diciembre y porque somos la provincia que más pedanías tiene, una de cada tres».

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Por su parte, el responsable de Ordenación del Territorio, Julio César Fernández, agradeció al resto de las fuerzas políticas que han respaldado este recurso, ya que en ocasiones han doblegado la mayoría del PP en muchos ayuntamientos para sacar a adelante la iniciativa.