La UCCL reclama un millón de euros para sus afiliados por la pulpa
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) exigió ayer a Azucarera Iberia que abone un millón de euros a sus socios por el incumplimiento del acuerdo se reestructuración del sector del 2010, que firmaron las dos azucareras y la Junta de Castilla y León. Del total, 480.000 euros corresponderían a los cultivadores leoneses, según el responsable de remolacha y coordinador provincial en León, Juan Antonio Rodríguez.
El litigio se produce por los 2,30 euros de pago de la pulpa de la remolacha, subproducto utilizado para alimentación del ganado, que llegó primero al Juzgado de Toro (Zamora), que dio la razón a los cultivadores, y que confirmó la Audiencia de Zamora el 19 de marzo. En su fallo, ésta culpa a la empresa de no realizar «una oferta clara que no diera lugar a error» sobre el precio de la remolacha y en el consentimiento en el contrato, que excluía el subproducto tras los acuerdos firmados con Asaja, Coag y UPA. La Audiencia desestima el recurso de Azucarera Iberia, a la que impone las costas del proceso.
Juan Antonio Rodríguez señaló que la UCCL solicitará la cantidad correspondiente a la pulpa, 2,30 euros por tonelada, a la empresa. Si no pagara presentaría demandas en los juzgados de La Bañeza y Miranda de Ebro, donde se encuentran las otras molturadoras de la filial de British Sugar en la zona norte.
Azucarera irá al TS
Por su parte, Azucarera anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS), al entender que existe interés casacional —al menos dos sentencias del Supremo contradictorias— y consideró «prematura cualquier valoración sobre la repercusión de la sentencia en el sector porque no es firme».
El comunicado esgrime argumentos del recurso ante la Audiencia zamorana y señala que el precio de la remolacha «es el fijado en el contrato de compraventa» y se establece en los acuerdos interprofesionales.
Además, indica que la sala se apoya en un reglamento de la Unión Europea (318/26), «derogado cuando se firmaron los contratos» objeto de litigio. Añade que el acuerdo de reestructuración no forma parte del acuerdo marco y su aplicación depende de «otros acuerdos parciales» establecidos con las organizaciones agrarias. Por último, señala que el precio lo fijaron Azucarera y todas las organizaciones agrarias, a excepción de la UCCL.