SIN LICENCIA NI PERMISOS
La Junta cierra una residencia para enfermos mentales en Antimio por orden judicial
El establecimiento de Antimio de Arriba funcionó tres años sin licencia tras el cierre judicial de otra del mismo dueño
La vivienda que durante tres años ha servido de alojamiento a personas con discapacidad psíquica sin licencia
La Junta verifica hoy que la residencia de enfermos mentales de Antimio de Arriba cierra y ha reubicado a todas las personas después de medio año desde que decretó que el lugar no era apto para acoger personas con discapacidad.
20 años no es nada. Y menos aún en el laberinto de la administración pública. En 1993 salía a la luz una casa en Antimio de Arriba que acogía a enfermos mentales sin licencia. En 2011 fue cerrada por orden judicial y los pacientes trasladados a la casa de enfrente.
Han pasado tres años y la vivienda ha estado funcionando sin la preceptiva licencia todo este tiempo. La Junta verificará hoy su cierre. La Gerencia de Servicios Sociales denegó, el 14 de octubre de 2013, la autorización definitiva de apertura y funcionamiento del centro, según admite la Delegación Territorial de la Junta.
Los motivos: «No disponer de la documentación exigida, en concreto faltaba la preceptiva licencia municipal», subraya. La Junta requirió al interesado, José Alfredo Álvarez García, «para que procediese a realojar a los usuarios en centros debidamente autorizados o con sus familias».
No lo hizo. A primeros de año la Gerencia de Servicios Sociales emprendió gestiones con las familias para realojar a las personas que vivían allí atendidas por dos cuidadoras (una para el día y otra para la noche) a cambio de unos 800 euros mensulales.
Durante el primer trimestre se consiguió el realojo de una parte de los usuarios, pero los otros nueve han tenido más dificultades, aunque finalmente consiguió el compromiso del titular de que hoy 2 de mayo no habría nadie en la casa y se procedería a su cierre definitivo.
El miércoles 30 de abril por la tarde ya no había nadie en la casa. A los vecinos de Antimio de Arriba les pilló por sorpresa su ausencia: «Al mediodía estaban por aquí. Quedaban sólo dos o tres; al resto los llevaron a diferentes sitios», comentaba una vecina.
Nadie en el pueblo parece conocer al dueño del establecimiento pese a que lleva más de 20 años con la misma actividad en dos casas. En el bar se veía todos los días a las personas acogidas: «A las nueve de la mañana ya estaban aquí porque les hacían la limpieza y tenían que salir», comenta el barman.
Las personas acogidas andaban mucho por el pueblo, iban al médico y a veces se paraban a hablar con el vecindario. Nadie tiene una queja de ellos, aunque se hacen eco de las impresiones que les transmitían las personas con discapacidad psíquica: «A veces decían que les daban poco de comer y durante este invierno me dijeron varias veces que se duchaban con agua fría porque no tenían agua caliente», añade otra vecina. Pero lo que realmente pasaba de puertas para dentro no lo sabe nadie excepto los pacientes y las trabajadoras.
La Junta no ha desvelado si aparte de las gestiones para reubicar a las personas acogidas de manera irregular ha sancionado al titular del establecimiento o ha abierto un expediente sancionador.
La Delegación Territorial contestó a DIARIO DE LEÓN: «Hoy mismo se están ultimando los trámites para la reubicación de los residentes que quedan en el centro, con el compromiso del titular del centro de que este viernes 2 de mayo quedará sin residentes, por lo que quedará definitivamente cerrado».
La reforma psiquiátrica dejó en la calle a decenas de personas con enfermedad mental. Y todavía hoy, dos décadas después, la atención de las personas con discapacidad psíquica sigue siendo objeto de negocios opacos que se amparan en la desesperación familiar.
Alfaem, la asociación leonesa de familiares y afectados por enfermedad mental, señaló que estos hechos reflejan que «22 años después del desmantelamiento del psiquiátrico la red de atención sociosanitaria todavía no ha sabido dar respuesta a todas las necesidades», dijo su gerente, Rosa Conde. La pregunta ahora es si ahora las personas están atendidas «con el respeto que merecen», subraya.
