El repunte de robos de cable de teléfono deja a los pueblos sin línea durante días

Los robos de cable telefónico están experimentando un repunte «alarmante» en la provincia hasta sumar veinte sustracciones en los últimos dos meses que han dejado sin línea de telefonía fija e Internet a otras tantas localidades en la provincia. Así lo aseguran fuentes de Telefónica, que señalan que algunos de los siniestros son recurrentes. La compañía denuncia el «importante» coste social que supone el robo de cobre, no sólo en el caso del cable telefónico, sino también en el resto de redes. Además del perjuicio que causa a las empresas, también se ven afectados servicios básicos de transporte, telemedicina, teleasistencia, semáforos, regadíoas, fallos en el suministro eléctrico y cortes de servicio telefónico que «van a dar lugar algún día a problemas irreparables».

Los delincuentes actúan, preferentemente, en zonas rurales aisladas «donde tienen menos posiblidad de ser avistados por las fuerzas de sguridad», ya que aunque funcionen los sistemas de alarma y control «no llegan a tiempo de detener a los delincuentes».

 

Compra de lo robado

Pese a todo, la compañía considera «loable e imprescindible» la labor que desarrollan los agentes, aunque lamentan la «falta de reproche penal», por lo que exigen un endurecimiento de las penas sobre todo «al registrarse un mayor aumento en la violencia y reiteración de los robos». «Hay toda una mafia creada alrededor de estos robos y debe perseguirse tanto a los autores materiales de los robos como a quienes compran o venden este material que va marcado y que, por tanto, se sabe que es robado», aseguran dichas fuentes, que ponen sus esperanzas en el proyecto de ley de reforma del Código Penal que se desarrolla en este sentido. El cambio legislativo implicará que se considere delito de hurto del tipo agravado, con pena de prisión de 1 a 3 años, si el robo se refiere a un cableado de telecomunicación u otro tipo de servicio de infraestructura. Caso distinto es en el delito de receptación por la compra del material robado, en el que, aunque lleva aparejada una pena de hasta 3 años, se debe acreditar que el vendedor conoce el origen ilícito del producto, algo que se debe inferir a base de indicios y que resulta más complicado. En una sentencia reciente se imputan por primera vez delitos de privación de libertad a los detenidos por el robo de cable telefónico, aunque el fallo no es firme.

La última sustracción se registró en la noche del pasado martes, en Valdefresno. Un robo que afectó a diez clientes. Los vecinos de los pueblos se desesperan, como aseguraba esta semana el alcalde de Las Omañas, Juan Bautista Álvarez, cuyo municipio se quedó sin línea el pasado 29 de abril durante siete días. «No es sólo la telefonía fija —señaló Álvarez—. Es que nos quedamos sin Internet y lo peor, las personas que dependen del servicio de teleasistencia no pueden disponer de él—». Desde Telefónica aseguran que sus técnicos actúan desde el momento en que tienen conocimiento de la incidencia porque «para nosotros es fundalmental solventar el problema cuanto antes por interés general, pero también por interés propio». Sin embargo, el aumento de robos a nivel nacional ha acabado con el stock de cable, lo que alarga el proceso de reparación. «Antes se reponía con cobre de la provincia, o de la comunidad autónoma, pero ahora hay que recurrir al de otras regiones que tampoco tienen porque están atendiendo incidencias propias». Los fabricantes se encuentran con una cantidad de pedidos «inusitada», no sólo de la compañía telefónica, sino del resto de empresas afectadas.

Desde la Subdelegación del Gobierno en León, se asegura que desde el 1 de abril se han registrado cinco denuncias por robo de cable telefónico y una por hurto.