La sentencia obliga a revisar cada convenio y no reconoce pagos totales

El Gobierno de Asturias, bajo la presidencia de Francisco Álvarez Cascos, interpuso un recurso ante el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 4 de Madrid frente a la inactividad administrativa del Ministerio de Industria, a través del Instituto del Carbón, por las obligaciones económicas dimanantes de la ejecución de los convenios correspondientes a los planes mineros. Considera el Principado que los convenios tienen una fuerza vinculante que no puede verse desplazada por las exigencias de la estabilidad presupuestaria, alegando la no disponibilidad de crédito. En sentencia del 28 de octubre el juzgado declaró la inactividad de la Administración estatal y estimó en parte el recurso, que fue recurrido por la Abogacía del Estado. El 16 de abril la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la Abogacía y reiteró la inactividad de Industria, pero no accedió al abono del conjunto de los convenios, como solicitaba Asturias.

Lo que establece la sentencia es la obligación del órgano competente de determinar en cada caso las incidencias de la ejecución de los convenios, que identifique aquellos en los que se han producido incumplimientos, que permita a los afectados alegar para subsanar las posibles deficiencias detectadas y que se establezca el pago o no de las cantidades comprometidas, así como la cuantía de estas cantidades.

La Junta de Castilla y León considera que este análisis de los convenios sobre los que existe conflicto puede extrapolarse a todos los incluidos en los planes del carbón, y que la jurisprudencia establecida por la Audiencia Nacional no sólo afecta a Asturias; porque las circunstancias de los proyectos firmados en León son similares.