Asaja teme que las exigencias de la PAC compliquen arrendar fincas

El sindicato agrario Asaja considera «de muy difícil aplicación» en la provincia de León que los agricultores deban identificar a los propietarios de las fincas que trabajen en régimen de alquiler, según contempla el borrador del real decreto que desarrolla el sistema de gestión y control de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de los destinados al desarrollo rural, tras la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y teme que la medida limite la escasa oferta de terrenos.

La organización se manifiesta «a favor de la transparencia» y de que arrendatarios y arrendadores reciban «el mismo trato fiscal y en derechos», pero apunta «que muchos propietarios pueden tener reparos a que sus datos figuren en una solicitud de ayuda y podrían optar por no arrendar su propiedad, una desconfianza fácil de entender si se tiene en cuenta que la mayoría de los arrendamientos son verbales». A este argumento añade que en pequeñas fincas «es difícil saber quién es el representante legal, pues suele haber varios herederos que no han repartido la herencia o no lo han comunicado» al Catastro y al Registro de la Propiedad.

Por otra parte, Asaja-León apunta que identificar al propietario de unas fincas para solicitar un subsidio «nunca se había solicitado a los agricultores, salvo para algunas ayudas vinculadas a las inversiones donde lo que se aportaba era la copia del arrendamiento escrito para demostrar la disponibilidad del terreno por un determinado periodo».

Por otra parte, el sindicato considera que el reglamento europeo que regula las ayudas de la PAC «no tiene prevista» esta medida. Además, si su «fin es de naturaleza fiscal y tributaria, existen otros mecanismos para detectar el posible fraude sin comprometer los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales».

Las propiedades

La falta de terreno es la última razón que apunta el sindicato agrario contra la medida que figura en el borrador. Los agricultores y ganaderos sólo poseen el 30% de la tierra que trabajan, porcentaje aún menor en el caso de los jóvenes que se incorporan al sector y en la ganadería de montaña. En la superficie arrendada en León pesan especialmente «los terrenos propiedad de las juntas vecinales, tanto en tierras de cultivo como en pastos», mientras que en las fincas particulares, el agricultor suele trabajar terrenos de «varios propietarios», en un provincia con una propiedad de la tierra «muy atomizada», con «361.700 titulares catastrales para una superficie de 1,5 millones de hectáreas repartidas en 2,6 millones de parcelas».