Los opositores al traslado de las balas piden diálogo y soluciones negociadas
Gersul acatará cualquier decisión judicial y confía en que se levante la medida cautelar.
Los alcaldes de los municipios del frente opositor se reúnen para avanzar en futuras líneas de actuación.
Tras conocerse el auto judicial que ordena la paralización cautelar del traslado de las balas de basura acumuladas en la finca El Busto de Santa María del Páramo al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, los once ayuntamientos de las mancomunidades del Órbigo y La Cepeda, que presentaron la denuncia, así como Carrizo de la Ribera, que se suma, y Astorga —que ha vuelto a reengancharse al frente opositor tras aclarar que no participó en el proceso judicial «por la precipitación para lograr la consignación económica que no pudo pasar por Pleno para tomar el acuerdo»— mantuvieron una reunión para acordar que éste no será el último paso que den, reiterando que el vertido masivo al vaso sin tratamiento previo «es ilegal».
En el mismo encuentro los municipios acordaron avanzar en nuevas medidas para impedir que el consorcio provincial de gestión de residuos (Gersul) y la Junta «sigan trasladando el problema de sitio sin resolverlo». En esta línea los trece ayuntamientos unánimemente dejan la puerta abierta al diálogo y sostienen encontrar una solución negociada con Gersul y la institución autonómica, que ostenta toda la competencia medioambiental. Una oferta que mantienen aunque aseguran que «han rechazado, al imponer un traslado sin control».
Los municipios reclaman «la solución racional y definitiva» y aseguraron que las comarcas del entorno inmediato del vertedero de San Román no están dispuestas a ser «las paganas de los graves riesgos a que exponen a todos nuestros pueblos», por lo que lucharán hasta el final «con argumentos, informes, documentación y la Ley en la mano».
También desde Gersul, como aseguró su gerente, José Antonio Velasco, se han recabando documentos y argumentos que sustentan las alegaciones al auto y que justifican que «trasladar la basura al CTR es la única solución». Velasco consideró que «los municipios únicamente quieren reunirse para reclamar contraprestaciones» y se cuestiona «qué soluciones han planteado ellos para resolver el problema y dónde proponen que se lleve la basura».
En esta línea, el gerente del consorcio provincial mantiene que se acatará cualquier decisión judicial, «si no se levanta la medida cautelar será la UTE quien tenga que buscar otras alternativas», aunque confía en que el juez entienda que el CTR es el único lugar autorizado. Además, Velasco cree que «la negociación fundamental tiene que darse con San Justo de la Vega, municipio donde radica el centro» e insistió en que ya hay una sentencia que obliga a desalojar El Busto.