«El ahorro por el sacrificio de vacas sanas podría cubrir los contraanálisis»
El dinero que la Consejería de Agricultura y Ganadería «se ahorraría en sacrificar vacas sanas, puede cubrir todos los gastos de contraanálisis», señaló ayer el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), José Manuel González Palacín, en una rueda de prensa en la que reclamó a la Administración autonómica la revisión de la política de saneamiento ganadero. UCCL propone que la consejería costee el contraanálisis al que los profesionales tienen derecho según una sentencia que dictó en mayo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que recurrió la Comunidad autónoma.
Palacín, pidió a la consejera, Silvia Clemente, que cumpla con su compromiso de convocar una reunión con el sector para abordar esta cuestión, tal y como prometió en el penúltimo Consejo Regional Agrario, recogía ayer en un despacho la Agencia Ical.
El líder de la UCCL recordó que con esta política de saneamiento, sin derecho a contraanálisis cuando un animal da positivo en tuberculosis y brucelosis, motiva que en muchas ocasiones se sacrifiquen vacas por falsos positivos, según demuestran después las pruebas post mortem. En algunos casos, se alcanza un 80% de sacrificios por resultados erróneos. «Se hace a criterio del veterinario y muchas veces con un criterio subjetivo. Son pruebas muy sensibles que dependen de muchos factores», precisó.
En este sentido, pidió la revisión de esta política para que el ganadero «no parezca el criminal». En Castilla y León existe un censo de 400.000 vacas de carne, con León con el mayor número de reses, del que viven cerca de 8.000 familias en zonas de montaña, «muy aisladas, en las que la única actividad que tienen es la ganadera». González Palacín señaló que el coste mayor no es la pérdida del animal, sino la inmovilización de su cabaña, que termina por arruinar al ganadero.
El responsable de la organización profesional agraria en castilla y León recordó que «no se está pidiendo que se levante la mano» en materia de saneamiento, «pero hay que permitir segundas pruebas», como ha determinado la Justicia.